Hª EDAD MODERNA de España: instituciones, municipios y economía en España en el siglo XVIII

Esta entrada va a ser la primera de tres que van a versar sobre el contexto del siglo XVIII (tras ellas, continuaremos con la historia política y militar). Con la llegada de los Borbones al poder se inaugura un nuevo período, tanto a nivel económico, como político, como social. Es necesario pues explicar el marco histórico en el que se movieron los principales hechos históricos.

La dinastía de Borbón dio un gran impulso a la unificación interna del Estado español, aunque formalmente conservaron la múltiple titulación de los diversos reinos que integraban su Monarquía hasta Carlos IV. Felipe V no hizo inicialmente cambios sustanciales, confirmó los fueros de Vizcaya, no convocó Cortes en Castilla, pero sí lo hizo en Aragón y Cataluña (1701-1702).
El cambio trascendental que se dará con la llegada de la nueva dinastía fue la abolición de los fueros o leyes de los reinos de Aragón y Valencia en 1707, y la declaración de que estos territorios debían gobernarse como los de la Corona de Castilla. En Cataluña y Mallorca cesa su sistema de gobierno y es sustituido por una “nueva planta”, durante el primer cuarto de siglo, aunque luego por autoridad real se les reponga el derecho civil propio. 

Las Cortes quedaron relegadas a un papel simbólico, ante ellas Felipe V renunció en 1712 a sus posibles derechos sobre la Corona de Francia y al año siguiente se aprobó la Ley Sálica, que excluía a las mujeres de la sucesión al trono. Las Cortes de Navarra existían aparte y se reunían de forma regular con sus tres estamentos, también lo hacían las Juntas de cada una de las tres provincias vascas, así como las de Galicia y Asturias, ya que todos estos territorios apoyaron al candidato Borbón en la guerra de sucesión.
Los cargos de la Corte seguían desempeñados por personajes de la aristocracia, los más importantes eran el sumiller de corps y el mayordomo mayor, y para la Casa de la reina, la camarera mayor. Se crearon también las compañías de las guardias reales para la defensa de la familia real. 


1. Consejos, Juntas y Tribunales 


Los Borbones conservaron la institución de los Consejos, aunque suprimieron los de los territorios que dejaron de formar parte de la Monarquía o que perdieron su autonomía (Italia o Aragón). Felipe V dejó de reunir el Consejo de Estado y durante los primeros años del reinado tomó las decisiones más importantes con un pequeño grupo de personajes, que formaban el Consejo de Despacho o de Gabinete. El Consejo de Estado no volvió a reunirse hasta que fue restablecido en 1792, con algunas modificaciones.
A mediados de siglo se suprimió el Consejo de Cruzada, que administraba impuestos eclesiásticos sustituido por un Comisario General (cargo unipersonal). Los Consejos de Indias, de Guerra y de Hacienda fueron objeto de numerosas reformas y en general vieron limitadas sus atribuciones por la aparición de los Secretarios o ministros del mismo ramo. 

Los Consejos ejercían funciones de justicia y gobierno, en un régimen de no-división de poderes. Los Consejos eran a la vez “tribunales”, por ello estaban mayoritariamente formados por letrados. En los Consejos de Indias y Hacienda, junto a los letrados, había los denominados consejeros “de capa y espada”, es decir, que no eran juristas. En el Consejo de Guerra predominaban los militares y en el de la Inquisición los eclesiásticos, aunque en uno y otro había también miembros del Consejo de Castilla para asegurar el cumplimiento de sus funciones judiciales. 
El Consejo de Castilla era el principal organismo para la administración interior de España, era el Consejo Real por antonomasia. Todos sus integrantes eran juristas y a la vez nobles, no había consejeros que sólo fueran de capa y espada. El Consejo se dividía en Salas de gobierno, de provincia y de justicia. La Sala de Mil y Quinientas indicaba la cantidad exigida para plantear la apelación de una sentencia. A la cabeza del Consejo se encontraba el presidente o gobernador, segundo personaje de la Monarquía. Los gobernadores fueron prelados, hasta el nombramiento del conde Aranda como presidente en 1766. El Consejo contaba con dos fiscales que en 1769 aumentarían a tres, siendo éstos personajes tan relevantes como Macanaz o Campomanes.

El conjunto de los diversos Consejos formaba un sistema complejo, que se ampliaba con las llamadas Juntas. Las dificultades financieras de la Monarquía daban lugar, por ejemplo, a la formación de las Juntas de Medios, pero también se ocupaban de ámbitos determinados de la acción del Estado, como temas de naturaleza eclesiástica o religiosa, o nuevas competencias, como la de Sanidad. La Junta de Comercio creada en 1679, amplió competencias con los asuntos de moneda y de minas. Desde 1730 estaba presidida por el propio ministro de Hacienda, presidente del Consejo del mismo ramo.
El sistema de Juntas permitía escoger libremente a individuos determinados de los distintos Consejos, ejemplo de ello lo tenemos cuando se deliberó sobre la expulsión de los jesuitas, ya que se reunió en 1767 a algunos consejeros de Castilla adversarios de la Compañía de Jesús. Hasta el reinado de Carlos III predominaban en los Consejos los antiguos becarios de los llamados seis colegios mayores de las universidades de Salamanca, Valladolid y Alcalá, estos becarios solían ser además nobles. El predominio colegial fue objeto de crítica, y a partir de 1771, en el reinado de Carlos III, los colegios mayores dejaron de ser el grupo hegemónico en los Consejos. Carlos III nombró a antiguos abogados, como Campomanes, uno de los autores de la reforma, y su colega de fiscalía José Moñino, futuro conde de Floridablanca. 


2. Los nuevos ministerios 


La principal innovación de la dinastía borbónica, fue la aparición y desarrollo de las Secretarías de Despacho o ministerios individuales, especializados en materias, que son el origen de los actuales ministerios, aunque no representó la desaparición de los Consejos. Ya en el siglo XIX, sólo se denominarían Ministros a los miembros de tales ministerios individuales. 

En 1714, el francés Jean Orry llevó a cabo el establecimiento de diversas Secretarías de Estado y de Despacho, especializadas por materias (Estado, Guerra, Gracia y Justicia, y Marina e Indias) y de una Superintendencia de Hacienda, cuya secretaría ocuparían los ministros más influyentes. El marqués de Esquilache fue el último que acumuló las Secretarías de Hacienda y de Guerra, antes Patiño y Campillo. Después de su caída en 1766, el eje de gobierno se fue desplazando hacia la primera Secretaría de Estado. 
Las Secretarías de Despacho tenían una estructura distinta a las antiguas secretarías de Consejos. Además, mientras los consejeros se reunían en el “palacio de los Consejos”, sus secretarios trabajaban en habitaciones más bien incómodas, conocidas como las “covachuelas” del palacio real. Las nuevas Secretarías eran órganos individuales con una jerarquía escalonada de escribientes que iban desde el oficial mayor hasta los entretenidos.
Durante el reinado de Carlos III, se celebraban reuniones informales de los Secretarios de Despacho, y en 1787 Floridablanca logró transformar estas reuniones en un organismo permanente y regular, la Junta Suprema de Estado, presidida por él mismo, siendo el precedente del actual Consejo de ministros, aunque no sobrevivió a su creador (1792). No obstante, los Secretarios de Despacho fueron considerados miembros natos del Consejo de Estado que logró restablecer el conde de Aranda, en un esfuerzo por limitar el poder que habían conseguido los Ministros. 


3. Reinos y provincias 


La Monarquía no se limitaba a la Península e Islas Adyacentes, comprendía también los Reinos de Indias. La base de la administración territorial estaba constituida todavía por los distintos reinos. En Navarra se conservaba el cargo de virrey, desaparecido en Aragón, aunque en la Corona de Castilla la realidad institucional de los reinos estaba menos acentuada. En Aragón, así como en Galicia y las Canarias, sí encontramos un capitán general y una Real Audiencia con atribuciones de gobierno. En Asturias no había autoridad militar, pero en 1717 se estableció una Audiencia.
El resto de la Corona de Castilla correspondía a la jurisdicción de dos grandes tribunales: las Chancillerías de Valladolid y de Granada, cuyo límite estaba en el río Tajo. Sin embargo la Villa y Corte de Madrid se encontraba bajo la autoridad de la Sala de Alcaldes de Casa y Corte. 

La principal red de justicia y gobierno era la constituida por los corregidores, de origen medieval, extendidos a la Corona de Aragón tras la victoria borbónica en la guerra de Sucesión. El corregidor era un funcionario real que gobernaba las principales ciudades y a través de éstas el territorio de su corregimiento, dependían del Consejo de Castilla y la duración de su mandato era de tres años, renovables por otros tres. Poseían funciones de gobierno, justicia, guerra y también hacienda. Muchos corregidores eran caballeros, de capa y espada, y en este caso eran auxiliados en temas judiciales por un teniente de corregidor jurista, llamado alcalde mayor. Desde finales del siglo XVII, se confería el corregimiento de las principales plazas fuertes a los comandantes militares, lo que implicaba una militarización de la administración civil. 

Hasta 1783 hubo ordenanzas distintas para los corregidores de Castilla y de Aragón, el cargo de corregidor se vio alterado por los intendentes de provincia, puesto que se iniciaron aproximadamente en 1711. Las funciones de estos intendentes eran básicamente coordinar el cobro de los distintos impuestos en cada territorio y asegurar con ellos el mantenimiento del ejército y toda la infraestructura militar. Por ello se lo consideraba un “ministerio de Hacienda y Guerra”, también con funciones de “policía”, que en el lenguaje de entonces se refería a cuestiones de urbanismo, sanidad y comunicaciones. 
En principio, los intendentes se establecieron en territorios con una importante guarnición militar, pero en muchas provincias de Castilla, el ámbito de actuación de un intendente chocaba con el del corregidor de la capital. A partir de 1724, sólo se conservaron los intendentes llamados de ejército y se suprimieron los que sólo lo eran “de provincia”. Así los corregidores vieron confirmadas sus atribuciones de superintendentes de rentas reales. El marqués de la Ensenada extendió de nuevo los intendentes con la finalidad de que organizaran la realización de un catastro de la riqueza, con vistas a establecer una contribución única (1749). Pero como los intendentes fueron muy criticados en los motines populares del 1766, se volvió a separar las intendencias de los corregimientos. 
Durante el reinado de Carlos III, los intendentes se establecieron progresivamente en los Reinos de Indias. Entre otras funciones se les encomendó la subdelegación de los puertos autorizados a comerciar con América (1778). No hubo intendentes en Navarra y las provincias vascas, las cuales, a efectos fiscales se consideraban exentas. 
Moneda de ocho escudos de Felipe V en 1730
(Autor foto: http://www.cgb.fr Fuente: wikipedia)
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A partir de 1749, se modificó el nombramiento de los alcaldes mayores antes realizado por los corregidores y ahora competencia de la Cámara de Castilla. La desigualdad de la división provincial se puso de manifiesto en el censo de población ordenado en 1787, por el primer secretario de Estado, el conde de Floridablanca. A fines del siglo XVIII menudearon las críticas de la división provincial existente y las propuestas en favor de otra división más homogénea aunque rompiera la organización de los reinos tradicionales. Se formaron nuevas provincias con entidad fiscal como Alicante, Santander, Málaga o Cádiz. 


4. Los municipios 


La base de la organización del Estado eran los municipios, una parte de ellos se encontraban bajo la jurisdicción directa de un señor, noble o eclesiástico que aparte de percibir determinados ingresos económicos, tenían el derecho de nombramiento o de confirmación de las autoridades municipales, mientras que en los municipios que dependían directamente del rey la designación de los cargos se realizaba por el Consejo de Castilla. 
Los Borbones intentaron limitar la jurisdicción señorial, pero el proceso legal de reversión de señoríos a la Corona fue lento y no alcanzó grandes resultados, excepto la incorporación de Puerto Real, Lucena o Ferrol donde estaba proyectado un gran arsenal.

El gobierno de los municipios se hallaba en general en manos de los principales propietarios, aunque en el siglo XVIII muy controlado por el poder real. Durante la primera mitad del siglo XVIII, ciudades como Cádiz y Salamanca obtuvieron el estatuto de que todos sus regidores debían probar su condición nobiliaria, llamadas ciudades de estatuto, ya que durante el siglo XVII, buena parte de los cargos municipales en Castilla se habían privatizado en manos de particulares. 
El Ayuntamiento basado en regidores existente en Castilla se extendió con los decretos de Nueva Planta a los reinos de la Corona de Aragón. En las ciudades que eran cabezas de corregimiento, los regidores eran vitalicios y nobles, circunstancias que no se repetían en las restantes. Los municipios eran oligárquicos aunque las formas de gobierno fueron diversas y hubo muchas protestas a causa de la falta de transparencia en las finanzas y el gasto público. 

Los ingresos de los municipios procedían de dos grandes sectores: las rentas que se obtenían de las propiedades de “propios” o bienes de propiedad municipal, y el dinero que recaudaban a través de los “arbitrios” o impuestos sobre el consumo. Tras valerse en 1740 temporalmente de los bienes municipales con el “valimiento de propios”, en 1760 las haciendas municipales pasaron a ser controladas por el Consejo de Castilla y la Contaduría General de Propios y Arbitrios, entendiendo que la autonomía municipal era la responsable del endeudamiento y la corrupción. 
El gobierno central comenzaba a interesarse por la reforma de los municipios, y por dar entrada en los mismos a representantes de los distintos grupos sociales. Los motines de la primavera del 1766 se dirigieron contra las oligarquías locales, a las que se culpaba de la mala administración de la Hacienda municipal. El Consejo de Castilla ordenó la creación de dos clases de cargos electivos y temporales: los diputados del común y el síndico personero. Los diputados, dos o cuatro, según el número de habitantes, tenían atribuciones en cuestiones de abastos y se extendieron a la Hacienda del municipio, con un mandato de dos años. El síndico personero del común era un cargo anual, que podía actuar contra decisiones del Ayuntamiento, si consideraba que eran nocivas para el pueblo. Las elecciones se llevaban a cabo mediante sufragio indirecto y los diputados se renovaban por mitad cada año.

Las principales ciudades fueron divididas en “cuarteles”, bajo la dirección de un magistrado de las Audiencias, y los cuarteles divididos a su vez en barrios, a cuyo frente se nombraba un “alcalde de barrio”, residente en el mismo. En Madrid, donde no había Audiencia, hacía sus veces la Sala de Alcaldes de Casa y Corte. En Valencia se creó un cuerpo de “serenos” para la vigilancia nocturna, luego extendida a Barcelona en los años ochenta. La iluminación de las calles, a cargo de propietarios e inquilinos, fue uno de los motivos del motín que costó el cargo al ministro Esquilache en 1766 y se fue extendiendo. 


5. Las reformas militares 


Las fuerzas armadas fueron renovadas siguiendo el modelo del ejército francés. El tercio, que había sido la unidad básica del ejército de los Austrias, fue sustituido por el regimiento, dividido en batallones y compañías. También fueron suprimidos los grados de mando del ejército de los Austrias y se introdujo la denominación francesa. 

Durante la guerra de Sucesión se desarrolló el arma de artillería, de la cual se separó la de ingenieros, a partir de 1711. Estas dos armas, junto a otras, se encontraban bajo la autoridad de un Inspector General o un Director General, también militar, del cual dependían las propuestas de nombramientos y ascensos de oficiales, los cuales eran en su mayoría nobles. Sólo a partir del reinado de Carlos III aparecieron las Academias especializadas por armas: artillería en Segovia, caballería en Ocaña e infantería en Ávila. 
Diversas ordenanzas establecieron reformas y modificaciones en el ejército. Las más famosas fueron las promulgadas por Carlos III en 1768 donde se llevó a cabo un cambio sustancial en el reclutamiento de las tropas. Las reclutas o levas voluntarias, no eran suficientes para reemplazar los soldados, por eso se producían reclutamientos forzosos de individuos considerados marginales, que solían ser destinados a infantería. Pero luego se impuso la recluta mediante sorteo de uno de cada cinco mozos solteros de cada territorio, por eso el nombre de “quinto”. 
Durante la primera mitad de siglo los sorteos eran esporádicos y estaban exentos los privilegiados de todo tipo, a mediados se establecieron con periodicidad anual. Pero no se logró un reparto equilibrado entre provincias porque el sistema de quintas no se aplicaba a las provincias exentas y tampoco a determinados grupos sociales (nobles, eclesiásticos, estudiantes, comerciantes u obreros especializados). La aplicación del sorteo dio lugar a fraudes y resistencias, incluso tumultos en Barcelona en 1773, pues afectaba a los solteros de entre 18 y 60 años, y la duración del servicio era de cinco o siete años. 

El ejército regular se completaba con los regimientos de las llamadas milicias provinciales, una especie de ejército de reserva existente en la Corona de Castilla desde la época de Felipe IV, fijado en 1766 en 42 regimientos. No prosperaron los intentos de establecerlas en los reinos de la Corona de Aragón. 

Después de la Guerra de Sucesión, las diferentes escuadras provinciales creadas por Olivares fueron unificadas en la Armada Real. En 1717 se creó la Intendencia General de la Marina, y en el 1726 se organizaron los tres departamentos marítimos de Cartagena, Cádiz y Ferrol. La marinería civil fue declarada movilizable en caso de guerra a través de la Matrícula del Mar, se intentaba compensar esta obligatoriedad mediante la concesión de un fuero privilegiado de marina, que les confería cierta distinción frente a los “terrestres”.
En 1776 la Marina tuvo por primera vez un Ministro propio, distinto del de Indias y en 1793 se promulgaron unas nuevas ordenanzas generales de la Armada, que rigieron hasta el final de la etapa. Cabe destacar la creación puntual en dos momentos concretos de un Consejo del Almirantazgo, en 1737 para darle el título de Almirante al infante Carlos que iniciaba la recuperación de los territorios italianos, y luego en 1807 para concedérselo a Manuel Godoy. 


6. Crecimiento económico en el siglo XVIII


A) SIGLO DE CRECIMIENTO Y CAMBIO 
El siglo XVIII supone un cambio de coyuntura con respecto al siglo anterior, denominado siglo de hierro, para dar paso a un período de expansión. Sin embargo entre los historiadores no existe unanimidad respecto a sus características, sobre todo porque en este siglo se producen dos grandes transformaciones de la humanidad:

  • La Revolución Industrial que gracias al maquinismo transforma los métodos tradicionales de producción.
  • La desaparición del Antiguo Régimen.
Estos dos acontecimientos dan paso a una nueva sociedad, instituciones y relaciones económicas diferentes y estas consecuencias han presidido las polémicas: así toda vía que llevara a una revolución industrial sería positiva y todo lo que lo obstaculizara negativo, dejando a un lado la complejidad existente en la época. Más aún cuando en España estos acontecimientos no se realizaron al mismo tiempo que en Europa y se consideraba el gran fracaso del XVIII, sin tener en cuenta los cambios reales que se produjeron

En el siglo XVIII la economía creció y se desarrolló porque España participó en un ciclo internacional expansivo y porque se redujeron algunas de las hipotecas que habían provocado la crisis de la centuria anterior, pues el Estado realizó un notable esfuerzo para conseguir una regulación económica.
El marco general había cambiado desde los siglos XVI y XVII, cuando la política imperial afectó de manera importante a la economía española desestabilizándola. El siglo XVIII consigue recuperarse de esa mala actuación gubernamental, pues tras la finalización de la Guerra de Sucesión (1700-1714) se reduce la geoestrategia hispana a un ámbito nacional y además se abre la puerta a un nuevo orden constitucional que superara la anterior disgregación y permitiera una superioridad del poder central, y la consiguiente posibilidad de plantear políticas económicas nacionales.

La economía española del siglo XVIII, además, se benefició de otro importante elemento, que no era nuevo, la participación en una economía atlántica. El motor de la economía de este siglo será la actividad comercial, tanto en Europa como en España, por delante del sector agropecuario e industrial. La actividad comercial, especialmente la marítima y atlántica, ofreció un marco de transformaciones inigualables y sus efectos positivos se trasladaron a la economía. El modelo comercial holandés, que triunfó en el siglo XVII, y el “redescubrimiento económico” de las colonias americanas abrieron el camino para una fructífera competencia entre europeos. 
España participó y fue capaz, en este siglo, de transformar la anterior estructura comercial, protegiendo los beneficios obtenidos en las colonias americanas frente al resto de los europeos. Los españoles, ahora sí, consiguieron mantener lo heredado, ampliarlo y convertirlo en una fuente de oportunidades y de crecimiento económico.

La economía española del siglo XVIII se desenvolvió en base a los siguientes criterios:

  • Expansión económica generalizada.
  • Mejora en la capacidad gubernamental a escala nacional y colonial.
  • Aprovechamiento de las oportunidades de una economía atlántica expansiva.
En líneas generales, la primera mitad de siglo estuvo marcada por una política mercantilista, que consideraba la prosperidad de un estado en base a su capital de metales preciosos, objetivo a conseguir con una política proteccionista que favoreciera la exportación y penara la importación con tarifas arancelarias. La segunda mitad de siglo, es diferente, se impone un liberalismo económico en la alta burocracia, sistema controlado por el Estado en el que la iniciativa privada y el comercio garantizan la prosperidad económica. Se pretende quitar los privilegios para impulsar la producción y, sobre todo, para buscar recursos financieros con que sostener el fuerte aumento presupuestario de las cuestiones militares.


B) POLÍTICA REFORMISTA
La política económica seguida por el Estado de los Borbones a lo largo del siglo XVIII marca una clara trayectoria evolutiva pero la originalidad del proyecto y su significado modernizador no es aceptada por todos los historiadores. Otros reducen su impacto sobre la economía y mantienen que fueron un medio para mantener la preeminencia económica de los grupos privilegiados tradicionales. 

Desplegar una política reformista en España no era nada nuevo en el siglo XVIII, puesto que ya se intentó en el siglo XVII como queda reflejado en la amplia literatura arbitrista de la época, donde se analizaron e identificaron los llamados "males de España" procedentes de la propia debilidad de un Estado supeditado a los grupos privilegiados, oprimidos por los gastos militares y excesivos impuestos, y se plantearon soluciones.
Tras la Guerra de Sucesión, se acelera la introducción de cambios institucionales, algunos ya planteados antes durante el reinado de Felipe IV y Carlos II, ahora es posible porque hay capacidad para ponerlas en práctica con un Estado más fuerte y cohesionado. La nueva dinastía borbónica buscaba fortalecer el papel de la Corona en base a dos fundamentos:

  • Aumentar las funciones ejecutivas sobre las legislativas.
  • Mayor implantación militar en la administración del Estado.
El Estado borbónico se dotó de los instrumentos políticos y administrativos para conocer realmente cual era la situación económica del país dentro de una concepción patrimonialista y dinástica. 
El pensamiento económico español se benefició de los debates abiertos europeos, estando al corriente de las principales novedades, aunque no consigue estar a la altura necesaria y aportar nada novedoso. Sin embargo, dicho pensamiento estuvo durante el siglo XVIII muy activo en base a dos corrientes: a los arbitristas del siglo anterior, y a los pensadores del momento, que hacen que seamos conocidos, también, en Europa a través de la obra de Jerónimo de Uztáriz. Podemos distinguir tres fases en el pensamiento reformista: 
  1. Primera fase, desde finales siglo XVII hasta 1760. Se planteó el programa reformista ilustrado. Se reconoce el atraso económico español y se confía en la capacidad normativa del Estado para solucionarlo. Diversos pensadores destacan, entre ellos el principal es un alto funcionario de la administración de Hacienda e Indias: Jerónimo de Uztáriz, con su obra "Teoría y Práctica de comercio y marina" (1724-1742), es considerada la obra más importante del mercantilismo español. Su obra tuvo gran repercusión y originalidad. Otros pensadores fueron Zavala, o por ejemplo José Campillos, pero todos insistieron en la necesidad de que el Estado interviniera de forma activa en la economía convirtiéndose en el principal agente económico. Dentro de las reformas planteadas predominan los enfoques mercantilistas: fomento de la industria y balanza comercial, creciente administración de Hacienda, proliferación de fábricas reales y creación de compañías en régimen de monopolio. 
  2. Segunda fase. 1760-1780. Se pide más aceleración en el programa de gobierno. Pensadores como Campomanes o Pablo de Olavide siguen confiando en la capacidad del Estado para superar los obstáculos heredados, pero además, plantean la participación de particulares para que, ambos, consigan aumento de la riqueza nacional. El Estado debe responsabilizarse de crear las condiciones para un mejor funcionamiento del mercado: infraestructuras viarias, libertad de comercio interior (cereales), educación. También, se muestra preocupación por la cuestión agraria, apoyándose más en el agrarismo tradicional español que en la concepción agraria europea que consideraba a la  agricultura como la fuente esencial de la riqueza, la fisiocracia. 
  3. Tercera fase. Desde 1780 a comienzos del siglo XIX. Se fomenta la discusión pública de las cuestiones económicas en foros como las Sociedades de Amigos del País, que contribuyeron a difundir en las provincias la cultura e ideas transformadoras de la economía. El liberalismo económico, entendido como un mercantilismo liberal sostenido por el Estado, tiene figuras como Cabarrús ó Alcalá Galiano, de contenido liberal pero sin abolir totalmente el mercantilismo. Si el Estado cumplía su misión, legislar las iniciativas económicas para mejorar el nivel humano, la sociedad haría el resto. Pero era una libertad aún limitada en comercio exterior, entendida como libertad de comercio interior y colonial. Tampoco la pretendida reforma agraria se llega a realizar ya que no se modificó la estructura de la propiedad, ni la desigualdad fiscal tan grande existente en la época.
Nada más, con esto damos por finalizado la presente entrada. En la próxima continuaremos hablando más concretamente de la política económica llevada a cabo en el siglo XVIII.

¡Feliz Jueves! - Hacer historia, aprehender la historia, aprendes la historia
6/Octubre/2016

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