Hª EDAD MODERNA de España. Contexto general del S.XVII: la decadencia económica

Antes de continuar con Felipe III y el siglo XVII, vamos a ver la situación general de la economía, sociedad y cultura en el siglo XVII.


1. La situación de la agricultura y ganadería


La idea de una decadencia general de la agricultura para el siglo XVII procede tanto de las impresiones vertidas por los arbitristas como de memoriales enviados al Consejo de Castilla, como por los pueblos pidiendo recortar las contribuciones por sus dificultades agrarias. Es necesario un análisis que interprete el comportamiento de la producción agraria.
¿Cómo vemos hoy en día la producción que había aquellos años? Gracias a consultar las actas de los diezmos de la Iglesia. Se pagaba un 10% (de dinero o especias) en concepto de diezmo, entonces si el diezmo es pequeño, es que la producción era más pequeña. Pues entonces, atendiendo a esto, pese a que la evolución de los diezmos en Castilla y León, Toledo y Valencia indicaban una caída en la producción de cereal durante la primera mitad del siglo XVII, a mediados del siglo esa tendencia se invirtió en casi toda la península, salvo en Castilla la Vieja, es decir, la meseta peninsular, ya que el núcleo central fue el más afectado por el descenso de producción, desde la última década del siglo XVI, y no mostró señales de recuperación hasta al menos 1660. Vamos a ver las distintas regiones:
  • Similar proceso al centro peninsular vivió Extremadura, donde la recuperación fue más tardía.
  • En Andalucía, no hubo tendencia al estancamiento pero sí grandes descensos y con indicios sólidos de crecimiento a partir de la década de los 50. 
  • En Aragón se produce un modelo más parecido al de Castilla. El área levantina se recupera de forma llamativa en la segunda mitad del siglo. Cataluña sufrió este mismo descenso, acentuado por los conflictos iniciados en la década de 1640, aunque aquí también se experimentó una mejoría en la segunda mitad de la centuria. Esta mejoría fue en toda el área mediterránea gracias a la extensión del viñedo y de otros cultivos de especialización, como el arroz en la región valenciana. No obstante, la agricultura mediterránea siguió siendo mayoritariamente de secano.
  • Sin embargo, en la cornisa cantábrica y Galicia la temprana introducción del maíz que sustituyó a otros cereales más pobres, redujo o eliminó el barbecho e incrementó la superficie cultivada, lo que dio como resultado que sólo en la primera mitad del siglo Asturias creciera un 40%. 
  • También en el ámbito geográfico vasco se produce un aumento de la producción en el primer tercio del siglo. 
  • Otra transformación interesante es la de La Rioja produciéndose una especialización vitivinícola desarrollada más intensamente entre 1645 y 1680. 
Respecto a la ganadería, centrados en el lanar, el más extendido en cuanto a producción en la Península Ibérica, soportó una caída acusada en su variante trashumante en la primera mitad del siglo XVI. Caída estimulada seguramente por el fuerte aumento de los costes de producción, en particular por el continuado encarecimiento de los pastos de invierno. Mientras que el ganado lanar estante aumentó de volumen. 

No parece adecuado hablar de la existencia de una “depresión agraria general” para el conjunto del siglo XVII. Si es verdad, que hubo un descenso de cosechas de cereal en el interior de la Península. Pero este descenso no tenía que derivar de la crisis agraria, ya que, la dedicación de la tierra “de pan” a otros cultivos parece darle otra explicación razonable. 
Las razones clásicas hablan del empeoramiento climático, el agotamiento acelerado de la tierra a partir de la sustitución del buey por la mula en la labor del campo y la relación causa-efecto maltusiana (es decir, a menos población por la pobreza y emigración, menos población cultivando, al haber menos cultivos, menos gente para alimentar). Según este último argumento, las bruscas caídas demográficas desencadenarían un descenso en la producción de alimentos que, a su vez, provocaría elevadas perdidas de población, si bien no está clara esta relación causal. Uno de los más llamativos fue quizá el aumento de la renta de la tierra en el siglo XVI y sus consecuencias. Este incremento afectó a los campesinos haciendo los contratos de tierras más cortos, bajó su estabilidad y no tuvieron incentivos para las mejoras de la tierra que, tal como pasó en el noroeste de Europa, hubiera traído consigo una mayor productividad. 
Tampoco los propietarios de la tierra adoptaron innovaciones apreciables, dado que los mayorazgos no podían perderse (en teoría) bajo ninguna circunstancia, las inversiones en su mejora y mantenimiento fueron escasas, es decir, si yo sé que nunca voy a perder mi tierra aunque me endeude, pues para qué voy a invertir en productividad. Algo parecido ocurrió de las tierras en manos de la iglesia.
La presión fiscal ejercida por la Monarquía y el permiso de la Corona para vender tierras comunales supuso un empeoramiento de condiciones en el campesinado, que tenían en estas tierras una buena fuente de ingresos. A esto hay que añadir que muchos campesinos tuvieron que pedir préstamos y esto hizo reducir cada vez más sus beneficios o incluso acabaron perdiendo sus tierras.

En la segunda parte de la centuria se aprecian signos de recuperación. La explicación más extendida justifica este hecho apelando al reequilibrio que se produjo entre el número de habitantes y subsistencias, suponiendo que éstas crecían más rápidas que la población por varios motivos: abandonamiento de tierras poco productivas destinándolas para el pasto, mejor complementariedad entre ganadería y agricultura, y descenso de rentas, sentando así las bases de un nuevo periodo de crecimiento. 


2. La evolución de las manufacturas/industrias


Las actividades económicas de transformación eran las que tenían un menor peso específico en la economía española del siglo XVII y su decreciente evolución en el siglo ha conducido a pensar en la existencia de una crisis industrial de generalizadas dimensiones. La evolución del sector industrial, donde destaca la industria textil, metalúrgica y los astilleros, guardó una relación más o menos próxima con la coyuntura agraria. Pero para tener una idea global de la progresión de este sector secundario debemos atender también a la trayectoria de otras manufacturas tradicionales que fueron capaces de colmar las necesidades del mercado interior. 

Entre las causas señaladas para explicar el declive de las manufacturas destaca que el capital comercial se invirtió en otras actividades menos arriesgadas y más provechosas, como la comercialización de materias primas o la adquisición de deuda pública. Se ha señalado el también el lastre que suponía la permanencia de unos patrones arcaicos de producción por el predominio de la organización gremial de carácter urbano. Sin embargo, el declive pudo compensarse con una redistribución de estas manufacturas hacia ámbitos rurales que ofrecieron menos resistencia a la adopción de cambios e innovaciones, destacando como ejemplos la pañería fina en el señorío ducal de Béjar o la industria de la seda en el ducado de Pastrana.
Respecto a la producción textil, se percibieron en el siglo XVII síntomas de crisis, reduciéndose la producción de paños de lana en todos los casos entre la mitad y los dos tercios de lo conseguido en el siglo anterior.

En Castilla, las quejas de las Cortes apuntaban como primera causa de la decadencia a la falta de materia prima para la industria nacional, ya que ganaderos y comerciantes obtenían mayores y más rápidos beneficios de la exportación del producto en bruto. La utilización de esta materia prima como “moneda de cambio” en las transacciones financieras internacionales era necesarias para mantener la maquinaria de guerra de la Monarquía en el exterior, ya que, resultaba vital para alimentar los conflictos bélicos en el teatro europeo en defensa de la hegemonía internacional. 
Otro factor causante de la decadencia fue la falta de una protección arancelaria adecuada para hacer competencia a los exportadores extranjeros. Un fenómeno que no es sólo imputable al siglo XVII pues en la centuria anterior la producción autóctona no fue suficiente para abastecer la demanda interior ni la americana y las importaciones se hicieron necesarias. 

Por otro lado no debemos interpretar que el comportamiento de todos los centros en los que se desarrolló la industria textil fue unívoco y paralelo. Si en Córdoba o Cuenca los descensos de producción fueron tan acusados que sus manufacturas prácticamente desaparecieron a mediados de siglo, Segovia mantuvo una cierta actividad fundamentada en la calidad de sus paños. Incluso otros centros menores como Palencia o Ávila subsistieron modificando su perfil de producción especializándose en un determinado tipo de producto o de mercado. 
No obstante, en los dos últimos decenios del siglo, las ordenanzas emanadas de la Junta de Comercio facilitaron la implantación de nuevas técnicas que dieron sus frutos en el siglo XVIII. 
La decadencia de la seda también se observa desde finales del siglo XVI, cuando se perdieron ¾ de los telares existentes por causas similares: exportación de la materia prima, presión fiscal, decadencia técnica y escasa adaptación a la moda. 

Respecto al sector metalúrgico, debemos diferenciar la producción de materiales realizados con hierro “dulce” o forjado, que se manipulaba en fraguas o ferrerías mediante un sistema artesanal y de propiedad privada, y la producción de altos hornos sostenidos por la Monarquía que utilizaban hierro en estado líquido de fusión y cuyas “coladas” eran más voluminosas y comparativamente más baratas. En el primer caso, tanto las ferrerías vascas como las catalanas bajaron su producción a la mitad, porque era más barato exportar mineral e importar los productos elaborados que fabricarlos por los elevados costos de producción: salarios. 
Los altos hornos alimentaron la demanda estatal de fabricación de cañones y munición para los ejércitos, dependiendo siempre su demanda de los conflictos bélicos existentes en el periodo. Los centros tradicionales de Liérganes y La Cavada se incrementaron en 1650 con la apertura de Corduente, abandonado en 1670 por su escasa rentabilidad en periodos más pacíficos. 

Respecto a la industria naval, a comienzos de siglo las necesidades mercantiles, bélicas y pesqueras se cubrían con la producción interior, concentrada básicamente en la cornisa cantábrica y Cataluña. Pero estas manufacturas adolecía de una dificultad fundamental para su mantenimiento y desarrollo: la dependencia endémica de los productos procedentes del Báltico. Esto supuso que en épocas de hostilidades con las Provincias Unidas dependieran de intermediarios que encarecían mucho más los productos. La crisis del sector naval se hizo evidente a comienzos de los años veinte cuando los comerciantes contrataron cada vez con más frecuencia navíos extranjeros y los pedidos “oficiales” se redujeron. No obstante, el comercio de cabotaje y la actividad pesquera crecieron, alimentando en buena parte la actividad de los pequeños astilleros de ribera repartidos por toda la costa catalana y andaluza. A partir de estudios desarrollados por Antonio Miguel Bernal, sabemos que la producción que en otro tiempo se desarrollaba en la península se desplazó a América, a centros como la Habana. 

Para las manufacturas la primera mitad del siglo fue muy negativa, pero el último cuarto del Seiscientos presenció una innegable recuperación alentada en parte por las iniciativas políticas adoptadas durante las últimas décadas del reinado de Carlos II y la intervención de la Junta de Comercio (1679). 


3. Los intercambios comerciales


A) Comercio interior
Como es sabido, en la España del siglo XVII no existía un “mercado interior” propio, esto se debe a que la Monarquía mantuvo las aduanas de los reinos que la integraban. Además dentro de los propios reinos existían a su vez “fronteras” comerciales de variado tipo: derecho de tránsito, portazgos… que dificultaban la fluidez del tráfico comercial. Algunas recientes investigaciones sugieren que los mercados regionales de granos del interior no estaban tan desestructurados como desde hace años se viene afirmando. 

Por otra parte, donde se produjo descenso de población, hubo una reducción relativamente fuerte de la demanda tanto de subsistencias como, sobre todo, de productos elaborados, lo que propició la desarticulación de varios circuitos comerciales consolidados en el siglo XVI como las ferias, siendo Castilla una de las zonas más afectadas. 
Un deterioro que se ha venido achacando en parte al dominio de Madrid sobre todo el sistema comercial castellano y que ciertamente no ayudó a vertebrar en una doble dirección los mercados locales y comarcales que circundaban a la capital, condenando a una producción de subsistencia a los que no se localizaban dentro de su área de influencia. La fuerte concentración de la demanda de productos industriales en la Corte facilitó la introducción de comerciantes extranjeros, los cuales ofrecían productos buenos y asequibles, convirtiéndose en una sombra muy seria para los mercaderes del área comercial castellana, que casi nunca pudieron mantener una competencia sostenida en semejantes circunstancias. No obstante, las demandas de la Corte generaron la actividad de los arrieros, ocupándose estos del abastecimiento de alimentos a la capital y fueron un elemento dinamizador de la economía en sus respectivos lugares de origen. En los últimos años del siglo, la recuperación de la producción agraria y manufacturera y el descenso de los precios de las subsistencias impulsaron limitadamente el tráfico comercial interior mejorando los intercambios. 


B) Comercio exterior
Éste continuó ocupando en el siglo XVII una posición puntera tanto en su dimensión europea como mundial, aunque estos intercambios mantenían un profundo desequilibrio entre exportación e importación, a favor de esta última. La exportación estaba basada en venta de lana, vino, sal, jabón, frutos secos, alumbre, aceite, hierro y cochinilla americana. Las importaciones mayoritarias estaban constituidas por textiles, herramientas, pescado ahumado y salado, pertrechos navales, maderas, cereal y papel. La diferencia de valor en los productos elaborados tuvo una constante balanza comercial desfavorable en los reinos peninsulares. 

Debemos tener en cuenta también la naturaleza y los límites de las fuentes con la que contamos para conocer los intercambios realizados a través de los puertos peninsulares, ya que en muchos casos hay falta de datos o fraude. Este fraude, muchas veces vino propiciado por los propios administradores o arrendadores de los impuestos aduaneros, que eran, al mismo tiempo, importantes comerciantes que además de beneficiarse en todo el proceso comercial-fiscal siendo juez y parte del mismo, estaban interesados en dar una imagen de hundimiento y descenso para que hubiera una rebaja en el importe de la renta aduanera que tuvieran a su cargo. 

Contando con estos déficits de información, se puede afirmar que en el área mediterránea hay un cambio de comerciantes, pasando de una mayoría catalana y valenciana, a una mayoría genovesa. Los puertos de Alicante, Cartagena, Málaga y Almería continuaron con las exportaciones de materias primas e importación de manufacturas europeas con un descenso en su actividad perceptible en la primera mitad del siglo. 

La cornisa cantábrica también presentó un balance comercial desfavorable. Sin embargo, Bilbao creció en actividad por la canalización de la exportación masiva de lana y mineral de hierro. Con respecto a este último producto, parece ser que a la crisis de la siderurgia vasca incitó al capital comercial tradicional de la zona a buscar nueva alternativas y las encontró alentando la comercialización internacional del mineral bruto. 

En el área atlántica, el 90% de las transacciones vendrían por al demanda americana, que según la contabilidad oficial decreció en volumen tanto en la primer mitad como en la segunda del siglo XVII. Este descenso podría justificarse, en parte, por la presencia y expansión de otras potencias marítimas en América: Inglaterra en Jamaica, Francia en la isla de Tortuga, Portugal en el Río de la Plata y Holanda en Curaçao. La existencia de estos asentamientos determinó la práctica de un comercio directo ejercido por los mercaderes extranjeros a través de esos enclaves. No obstante, también en este caso la contabilidad oficial que certifica los descensos en el tráfico no es del todo fiable, como demostró Monrineau a partir del estudio de fuentes alternativas: los informes consulares extranjeros y las facetas holandesas certificaban que la plata americana continuó llegando en cantidades crecientes durante la segunda mitad del siglo XVII a Europa, aunque ya no tuviera como destino único España sino que de manera creciente se desviaba a Holanda o Francia antes de llegar a las costas peninsulares. 

La centralización del monopolio comercial americano en Sevilla se sustituyó paulatinamente, desde mediados de la centuria, por Cádiz. Para comprender este cambio, hay que tener en cuenta que las características físicas de la bahía gaditana facilitaban el contrabando en el que todos los comerciantes dedicados al tráfico internacional estaban implicados en mayor o menos medida, razón por la que alentaron el traslado efectivo del monopolio a Cádiz. 

Las investigaciones con que contamos ponen en cuestión un hundimiento definitivo del comercio ultramarino en este periodo. No obstante, los comerciantes extranjeros estuvieron más involucrados que los españoles en los intercambio del siglo XVII, en razón de un 95%. Esta preponderancia de extranjeros vino por los desfavorables resultados bélicos que cosechó la Monarquía frente a las potencias marítimas emergentes. Los tratados de paz firmados con Inglaterra (1604,1607), Holanda (1648-1650) y Francia (1659), contemplaron cláusulas de contenido económico que conllevan a la apertura de los puertos peninsulares a comerciantes extranjeros. 

La evolución del comercio hispanoamericano dependía cada vez más de las potencias marinas emergentes. Ello no nos debe hacer pensar que esto fue siempre así. En el siglo XV y la primera mitad del XVI Castilla, a pesar de estar especializada en la exportación de materias primas, tuvo un destacado protagonismo en el comercio de intermediación con Europa, pero entrados en el XVII su función fue solamente de “puente” del que se benefició en muy pequeña medida. 


4. La “intervención” de la Monarquía en la economía


La polémica sobre si los Estados modernos tenían capacidad para poner en práctica una auténtica “política económica” ha quedado superada ante el hecho evidente de que, en sociedades básicamente agrícolas sujetas a ritmos y catástrofes naturales, la posibilidad de los Estados para programar y racionalizar los resultados económicos era prácticamente nula. No puede negarse que las monarquías absolutas adoptaron con más o menos eficacia y continuidad las directrices del pensamiento económico mercantilista, intentando conseguir una balanza comercial favorable. No obstante, conseguir una coherencia de actuación que se hallara sometida a estas premisas resultaba prácticamente imposible, pues el estado se hallaba sometido constantemente en conflictos bélicos y necesitaba dinero de forma urgente, lo que implicaba medidas que a la larga perjudicaban a comercio e industria. 

La ampliación de los escenarios bélicos, el aumento de los gastos de administración e incluso el superior coste de la guerra aumentaron las necesidades financieras del Estado. La presión fiscal aumentó tanto en términos absolutos como relativos. A las alcabalas que gravaban un teórico 10% sobre cualquier transacción que se efectuara en territorio castellano y que se hallaban mayoritariamente enajenadas en manos de aristócratas y hombres de negocios, se añadieron progresivamente los cuatro unos por ciento aprobados a lo largo del reinado de Felipe IV y que, también en teoría eran ampliaciones porcentuales de la alcabala. 

Luego el servicio extraordinario de millones aprobado en 1590 con Felipe II se transformó en permanente a través de sucesivas concesiones de las Cortes castellanas. Aparecieron nuevos conceptos fiscales como el papel de sellado, necesario para cualquier documento legal; y la media anata de mercedes, descuentos practicados sobre los sueldos de oficios y cargos públicos en el primer año que desempeñaban su función. 
A partir de 1634, la aplicación de la media anata de juros se consolidó también como una práctica habitual que consistió en efectuar el descuento de una parte de importe de los réditos que debían recibir los particulares que habían adquirido deuda pública emitida por la Monarquía en forma de juros. 
Otros métodos extraordinarios para obtener recursos fueron la venta de cargos, oficios y jurisdicciones, las peticiones de donativos a ciudades, reinos o colectividades y, sobre todo, las manipulaciones practicadas en las monedas de vellón, que alteraban al alza el valor nominal de la moneda fraccionaria circulaba por Castilla, y que propiciaron una galopante inflación a la que no se pudo poner coto hasta la reforma monetaria de 1680. Así progresivamente el vellón inundó los mercados y los súbditos se vieron obligados a aplicar un índice de conversión plata-vellón, que poca tenia que ver con lo que establecía la Monarquía y que superó el 200% en ciertos momentos. 

A pesar de las medidas, los gastos siempre superaron a los ingresos, por eso en muchas ocasiones se tuvo que acudir a los asientos. Los asientos eran contratos firmados entre el monarca y uno o varios hombres de negocios llamados asentistas, que tras haber hecho una propuesta previa de préstamo a la Monarquía bajo ciertas condiciones, y una vez estudiadas éstas en el Consejo de Hacienda, tomaban forma definitiva en el asiento. La plata de Indias solía formar parte de las compensaciones a los asentistas, en el siglo XVII su importe sólo supuso en el mejor de los casos entre el 10 y el 15% del total de las consignaciones. 
Los asientos recogían también algunos otros privilegios adicionales. Entre ellos la concesión de licencias de saca de metales preciosos, cuya entrega justificaba por la necesidad de cumplir con los asientos exteriores. También, se propició la concesión de una jurisdicción especial al hombre de negocios a través del nombramiento de un juez conservador, que se dedicara a sustanciar todos los pleitos que pudieran suscitarse durante el cumplimiento del contrato. Tras la Guerra de los Treinta Años el número de asientos fue decreciendo. 
Cuando la deuda acumulada por la Real Hacienda resultaba insostenible por haber comprometido los importes de sus ingresos con varios años de antelación, se producían las suspensiones de consignaciones a los asentistas. Se dieron varias a lo largo de este siglo, y resultaron ser el único recurso disponible. Los decretos de suspensión de pagos a los asentistas suponían básicamente una renegociación de los débitos que la Monarquía había contraído con los hombres de negocios, compensándoles de las pérdidas con juros. Estos títulos eran documentos solemnes emitidos por el rey en los que éste empeñaba su palabra a cambio de recibir el capital de un particular, el rentista, que tras realizar el préstamo era compensado a su vez con el pago de un interés anual garantizado sobre el rendimiento de una renta real determinada. Estos juros podían ser perpetuos, el capital invertido no se recuperaba pero el rentista cobraba el interés durante toda su vida e incluso durante la de sus herederos; o amortizables, permitía rescatar el capital inicial transcurrido el plazo estipulado en el documento. 
Hasta 1557 los hombres de negocios no aceptaron los juros, pero tras la primera suspensión de pagos decretada por Felipe II, la Monarquía los utilizó como un medio final de compensación. Los hombres de negocios vendían esos juros a particulares, ya que éstos consideraban atractivo contar con una renta segura y vitalicia. En definitiva fue un gran negocio hasta que el mercado de la deuda quedó saturado. El capitalismo cosmopolita presente en la finanzas de la Monarquía hasta el último cuarto del siglo, propició la extracción de metales precioso de reinos peninsulares y la exportación de materia primas que revendían en los mercados europeos para convertirlas en plata. Pero la necesidad de recurrir a “expedientes extraordinarios” de variada naturaleza que compensaran los préstamos y transacciones que efectuaron, deben considerarse también consecuencias directas de su particular intervención. 

A partir de las últimas décadas del siglo, durante el reinado de Carlos II, la evolución de los acontecimientos políticos propició la aplicación de reformas económicas. También se debe destacar el menor gasto de la Hacienda en campañas exteriores tras la perdida de la hegemonía española en Europa, tras los tratados de Nimega (1678). Sobre el papel, se redujo a la mitad el importe nominal de algunos impuestos como los cientos y se adoptaron medidas para combatir el fraude en las recaudaciones. La medida que ofreció una efectividad más concluyente fue la reforma monetaria emprendida en 1680, esta saneó y consiguió reconducir el panorama monetario castellano. Otra medida fue la creación de la Junta de Comercio (1679), con el objetivo de mejorar la producción y los intercambios para elevar el nivel de recaudación de los impuestos que agravaban estas actividades, pero para lograrlo, la premisa fundamental era recuperarlas y mejorarlas. Las iniciativas destinadas a proteger la producción interior mediante una política arancelaria no dieron resultados apreciables. Más efectivas fueron las medidas encaminadas a promover las manufacturas copiándose de métodos extranjeros y dando exenciones fiscales temporales para alentar el mercado. 

En definitiva, podemos concluir que la recuperación económica que los investigadores señalaban para el conjunto de Europa en las décadas finales del Seiscientos, como resultado de un proceso de cambio y reajuste, se dan también en los reinos peninsulares pero de un modo más lento y con menor intensidad.

¡Feliz Jueves! - Hacer historia, aprehender la historia, aprendes la historia
15/Septiembre/2016

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