Hª EDAD MODERNA de España: los vínculos personales en la sociedad del siglo XVI-XVIII y el entramado corporativo.

En la Edad Moderna los vínculos personales tenían una grandísima importancia a nivel social, político y económico. Aunque a día de hoy esto sigue ocurriendo, en la Edad Moderna esto era mucho más destacado y mucho más importante en la vida de una persona. 

1. Vínculos personales en la Edad Moderna


Las comunidades territoriales como la casa, el pueblo, la ciudad y a través de ellas, otras comunidades políticas más complejas (como las provincias, los señoríos o los reinos), se integraban bajo una autoridad y jurisdicción superior, eran un cuerpo cuya cabeza era el rey, y todas ellas agregadas dan como resultado la sociedad de la España moderna. Existían otras muchas comunidades como los gremios, o las religiosas, pero ninguna de estas comunidades era estática, y cuando era necesario, actuaba colectivamente en defensa de sus intereses frente a quien los atacara, ya fuera el rey, el señor u otras comunidades, al mismo tiempo que se modificaba por la actividad diaria de sus miembros.
Al igual que el mundo actual, el gobierno de las diferentes comunidades y/o asociaciones era causa de rivalidades y alianzas, en la Edad Moderna, protagonizadas esencialmente por las grandes familias. Éstas eran las que contaban con clientelas o bandos que les apoyaban y que, por tanto, podían movilizar en su favor. Por otro lado, eran precisamente las relaciones que se daban entre las élites dominantes, las que determinaban las políticas de los reinos y provincias porque éstas se transmitían verticalmente a la sociedad a través de sus redes de influencia.

Las relaciones entre hombres y mujeres de la Edad Moderna, estaban sustentadas tanto en su forma como en su fondo, en los diferentes vínculos establecidos entre ellos, vínculos que podían ser desde familiares o de amistad, hasta de clientelismo. Aunque estos vínculos no se vieran institucionalizados o reflejados jurídicamente, sí constituían la realidad social del Antiguo Régimen, y conllevaban, en principio, una acción solidaria en el campo social
Los vínculos no eran simples relaciones entre individuos, tenían reglas de funcionamiento y comportaban el ejercicio de una autoridad y una acción solidaria. Por otra parte, no era el tipo de vinculación voluntaria, libre y revocable de nuestra sociedad actual, sino que por el contrario venían dados sin alternativa desde la cuna, perteneciendo a una determinada familia y con ella, a una determinada comunidad y estamento, así como perteneciendo a un gremio concreto o cierta comunidad religiosa. En cualquier caso, el vínculo no era revocable, y significaba la pertenencia a un estatus, suponían la integración o no, así como determinaban los derechos y deberes de aquellos sobre los que recaían. 

Otros vínculos, como las relaciones de amistad, admitían cierto grado de elección que se daba entre iguales, pero estaban marcados por la tradición: el compromiso era estable, obligaba moralmente y exigía pautas de comportamiento, reciprocidades e intercambios. Además, la sociedad moderna era fundamentalmente jerárquica, teniendo así cada cuerpo su cabeza y cada vínculo, subordinados y un superior o cabeza visible. Los vínculos integraban al asegurar la supervivencia y seguridad de los individuos, ya que no existía en el Antiguo Régimen nada parecido a la Seguridad Social que garantizara una mínima seguridad ante la adversidad. Por tanto, eran vínculos necesarios, sentidos como prioridad y deseables, hasta el punto de que, un campesino libre, canjeaba su libertad por la seguridad que le aportaba la subordinación a un señor, y la identidad social que le confería al mismo tiempo. 

Por otro lado, existían vínculos de dominación y de dependencia, que ataban estrechamente a los contrayentes, les imponían normas y vinculaban a una autoridad, definiendo deberes y obligaciones distintas según el estatus y lugar ocupado en la jerarquía, pero obligatorias para todos, mutuas y vinculantes. En función de los cuales se valoraba lo justo y lo injusto, es decir, lo que era ejercicio legítimo de la autoridad y lo que era el abuso de poder.

Estos vínculos que articulaban las relaciones de los hombres desde la casa y la familia hasta el reino, requerían en mayor o menor medida una autoridad reconocida y no se establecían con igualdad sino jerarquizadamente. Así aunque existían distintos estamentos (nobleza, clero, estado llano), no estaban separados, sino unidos con vínculos de autoridad, dependencia, paternalismo…. Vínculos con valor ambivalente, integraban pero también dominaban y hacían dependientes. Las prestaciones que hoy nos ofrece el Estado, en estos momentos, las ofrecían los particulares, con el sin fin de variantes, circunstancias e intercambios, bajo los cuales los concedían. 


2. El entramado corporativo como sistema político


En esta sociedad no había división entre lo público y lo privado, no había una esfera política distinta, ni separada del entramado social corporativo, los vínculos sociales eran una forma más de ejercer la autoridad en la sociedad estamental. 


A) EL REY Y LOS REINOS:
La monarquía moderna era un agregado de territorios, cada uno con sus propias instituciones y leyes, jurisdicciones y particularidades... como también lo eran los diferentes cuerpos sociales existentes. La Corona no tenía el monopolio de la edición del derecho, ni podía definir por sí misma el bien público o la utilidad pública, sino que por el contrario, en el Antiguo Régimen, existía pluralidad de fuentes de derecho en función de los distintos cuerpos y estamentos. El poder real debía garantizar el respeto y la conservación de tales derechos, teniendo como únicos límites la ley divina y la natural. 

Las instituciones de la administración tenían que actuar sobre esta base, conocer las leyes privativas y actuar conforme a ellas, sin un principio unívoco de gobierno ni una legislación general. El gobierno se hacía a través de decisiones puntuales, pero siempre a petición de las partes. El sistema político de la Monarquía Hispánica era pactista, el poder del rey no era absoluto sino limitado, lo que implicaba reciprocidad en las relaciones de la Corona con las distintas comunidades del reino, entre el rey y el reino. El no cumplimiento de tal reciprocidad por parte del rey podía ser motivo para revocar la fidelidad hacia él de sus vasallos y en el sentido inverso, los vasallos merecían recompensas a sus servicios y sanción a sus traiciones.

La función principal de las autoridades y sobre todo, del rey, era la de la justicia, concebida como justicia conmutativa (dar a cada uno lo que le pertenece, respetando sus derechos adquiridos). Todos los jueces del reino debían juzgar conforme a las costumbres y privilegios de cada comunidad o estamento, recogidas tanto en leyes escritas como en la costumbre. El bien común era identificado con la costumbre por la comunidad, con el funcionamiento de su propia vida, de ahí la legitimidad de la “tradición”, y de ella emanaba esa constitución no escrita basada en el derecho consuetudinario (lo que siempre ha sido así, debe seguir siéndolo), delimitando la frontera entre los miembros del cuerpo, que gozaban de sus derechos y privilegios, y aquellos que le eran extraños, quedando excluidos del mismo.

Como todo en la sociedad del Antiguo Régimen, los cuerpos estaban jerarquizados, y la autoridad era reconocida por todos, cada uno con funciones y prerrogativas diferentes que se expresaban ritualmente en los actos públicos. Se dieron luchas por quién ejercía la autoridad o contra los abusos de poder, pero no contra el principio de autoridad que era algo “natural” y aceptado sin cuestión, como las relaciones de vasallaje que siguieron vigentes en la época como patronazgo o clientelismo. En la Edad Moderna el intercambio entre la Corona y los reinos, constituyó la clave del sistema político, los leales vasallos del rey recibían favores políticos a cambio de una lealtad y servicio que debía asegurar la gobernabilidad del país, es decir, “compraban” el ejercicio pacífico de su poder. 


B) LAS ÉLITES DIRIGENTES:
La Corona gobernaba también a través de la influencia de poder de los altos nobles en amplios territorios, al tiempo que la burguesía perseguía servir al rey a cambio de los abundantes beneficios que éste ofrecía, ninguno fue desplazado sino que ambos se asociaron al gobierno por la Monarquía, estableciendo relaciones de dependencia. Las élites dirigentes eran aquellas poseedoras de poder y fortuna, y sustentaban su posición en la posesión de grandes propiedades y la percepción de cuantiosas rentas, así como en sus privilegios estamentales, sus cargos gubernamentales y sus jurisdicciones señoriales.
Estas familias se mantenían en el poder mediante la endogamia matrimonial, la cual acabaría agotando no solo la cantera de nobles, cada vez más mermada, sino también el material genético que paulatina pero imparablemente, se deterioraba. El mayorazgo era el sistema mediante el cual todas las posesiones así como el título nobiliario y el gobierno de sus estados o señoríos, quedaban en manos del hijo primogénito, evitando así la división y consecuentemente la debilitación del patrimonio familiar. Por otro lado, estaban los demás hijos o segundones que eran colocados en el alto clero, la administración real y el ejército, según la posición que correspondía a sus familias.

La nobleza se renovó mediante el ascenso social de nuevas familias, a través del servicio al rey y del dinero. Cuando podían, comerciantes y burócratas buscaban ascender a la nobleza, comprar señoríos y adquirir títulos nobiliarios. Tradicionalmente, a la noblezacorrespondían las funciones de gobierno y militares. Disponían de cortes provinciales, pero también estaban presentes en la Corte del rey. Gobernaban extensos territorios, señoríos regionales o provinciales y ciudades, según el estatus que tuvieran dentro de la propia nobleza.
Las tierras y hombres estaban bajo la jurisdicción de un señor que las gobernaba, administraba justicia y ejercía una serie de derechos. Existían varios tipos de señores: el rey, señor de realengo, instituciones eclesiásticas, señores órdenes militares y también señores laicos. Las ciudades también podían ser señoras de tierras, siendo al mismo tiempo, vasallas de otro señor. En esencia, los señoríos laicos podían ser:

  • Jurisdiccionales: el señor tenía derechos de jurisdicción que consistían en la facultad de administrar el dominio nombrando cargos, redactando ordenanzas... y también impartiendo justicia. 
  • Territoriales: en el caso de los territoriales, además de estas facultades, el señor tenía la plena propiedad de la tierra. 
En realidad, los señores no perdieron tanto poder con respecto al rey como a veces se ha supuesto. 


C) CIUDADES Y PUEBLOS:
La ciudad era una comunidad con autonomía política, rodeada de murallas para su defensa, con alcaldes que ejercían justicia en primera instancia, recursos fiscales y un territorio determinado bajo su jurisdicción. No obstante, el espacio jurídico de la ciudad no era homogéneo, en él se superponían jurisdicciones y poderes plurales, lo cual era fuente habitual de litigios entre las diferentes facciones nobiliarias por el gobierno municipal, aunque es cierto que, la mayor parte del siglo XVI, se turnaron pacíficamente. Las grandes familias tendieron a perpetuarse en el poder, primero restringiendo su reclutamiento y luego, en Castilla, a través de regidurías vitalicias. En Aragón esto no se conseguiría hasta los Decretos de Nueva Planta. 

Por otro lado, se encontraba la población rural que suponía más del 80% del total, y que se organizaba en comunidades campesinas. Existían grandes diferencias a nivel geográfico en cuanto a la organización y política de las ciudades y pueblos:

  • Las comunidades del norte, en la cornisa cantábrica y pirenaica, con numerosos valles y aldeas, con sólidas estructuras vecinales y autogobierno, sin otro señor que Dios y el rey. 
  • Las grandes poblaciones del sur, compuestas masivamente por jornaleros que trabajaban en las tierras de vastos señoríos. 
La inmensa mayoría de los campesinos se hallaba bajo la dependencia de un señor, vinculados por obligaciones mutuas, justicia y protección a cambio de prestaciones y fidelidad. La comunidad rural estaba gobernada por los campesinos más ricos, los menos, que disponían de tierras abundantes, normalmente arrendadas a un señor, animales de tiro y reserva de alimentos; por ello se hacían necesarios, por su posibilidad de subarrendar, prestar o contratar mano de obra.

En cada pueblo o ciudad, los “vecinos” (propietarios), eran los miembros de pleno derecho de la comunidad y se distinguían de los simples “habitantes” (arrendatarios), que no gozaban de dicha condición. La vecindad daba acceso a los derechos, privilegios y costumbres de la comunidad. En muchas comunidades del norte, la vecindad era más estable, con amplios derechos, y por eso, la comunidad restringía severamente su concesión a los foráneos para evitar el reparto excesivo de los bienes comunales, propiedades que proporcionaban, según la geografía, recursos ganaderos, alimenticios, madera...etc.
La discriminación entre vecinos (propietarios) y no vecinos (habitantes arrendatarios), fue la diferencia social más significativa. Sin embargo, en las villas del sur, la vecindad estaba más ligada a la familia y bastaba con cierto establecimiento (residencia, matrimonio...) para ser admitido como vecino en un mundo todavía necesitado de pobladores y que además no tenía excesivo bienes comunales que repartir.

Las posesiones comunales de los pueblos servían, especialmente a los más pobres, para obtener pastos, alimentos y materiales de construcción con libre usufructo de los vecinos, y costumbres como los campos abiertos a todos sus ganados. El movimiento privatizador de estos terrenos debilitó económicamente a los campesinos y sus lazos comunitarios. No obstante, hasta finales del Antiguo Régimen, en las comunidades se mantuvo un ideal fuertemente arraigado de economía comunitaria, quedando subordinado lo individual al interés colectivo. 


D) LOS GREMIOS ARTESANOS:
En las ciudades los gremios agrupaban artesanos de un mismo oficio, era el gremio quien monopolizaba el ejercicio del oficio, regulaba la producción y la venta de su producto en la ciudad, determinaba las condiciones de aprendizaje y del acceso a la maestría y combatía el intrusismo de cualquier tipo de competidor; incluso en la ciudades más pobladas, donde estaban aún más desarrollados, controlaban la calidad del producto y fijaban su precio. En las pequeñas a veces no eran más que cofradías devocionales y de asistencia mutua, sin peso económico sustancial. 

Los gremios artesanos conferían un fuerte sentimiento de pertenencia a sus miembros y una identidad social, dotándolos de dignidad particular y honor profesional. Su estructura, como no podía ser de otra manera y ya comentamos en la entrada anterior, era piramidal, maestros, oficiales y aprendices, segmentación acorde con la vida profesional de una persona. Además, dentro de los propios maestros, se distinguían los grandes maestros que gobernaban, por la junta de maestros de taller, y actuaban como interlocutores con el gobierno municipal. Los gremios funcionaban acorde con una lógica laboral que seguía una lógica doméstica. La mayor parte de los maestros trabajaban ayudados por sus hijos y esposas, sin embargo, en los talleres mayores se integraban oficiales y aprendices foráneos, provenientes en su mayor parte de la comarca. La diferencia social estaba marcada por la pertenencia o no a las familias de los maestros de taller, ya que sus hijos los sucederían algún día, mientras que los aprendices foráneos quedaban en la ciudad como simples oficiales. 


E) EL ORDEN DOMÉSTICO:
Los vínculos familiares estructuraban la vida, en todos sus aspectos, por su inmediatez y universalidad. La casa campesina era la familia, unidad biológica, pero la casa aristocrática englobaba además de la propia familia, aquellos que se encontraban al servicio de ésta.

La familia se organizaba en torno a la casa, ésta era una unidad de trabajo, producción y consumo, con un estatus y derechos comunes. Este concepto de casa era más fuerte en las clases altas ya que, en las clases bajas, había que buscar la supervivencia, y la movilidad era mayor, buscaban su sustento en el servicio, encontrando un amo a quien servir. Esto alimentaría desde abajo el orden doméstico y corporativo, porque proporcionaba mano de obra y prestigio (más cuantos más dependientes). La alternativa era el desarraigo de los mendigos y vagabundos que no hay que confundir con los pobres. Éstos eran reconocidos como tales por su comunidad y funcionaban como vehículo para ejercer la caridad, la cual era imprescindible para poder salvarse y redimirse, en aquellos que no se encontraban en esa situación de pobreza que, por otro lado, garantizaba la salvación. Eran los pobres legítimos (viudas, enfermos...aquellos con una imposibilidad de trabajar), en cambio, los mendigos y vagabundos (pobres ilegítimos) eran gente sin lazos familiares: en origen huérfanos o que habían sufrido alguna tragedia que les había dejado sin familia y que buscaban sobrevivir a base de limosna o hurtos, siendo sentenciados como vagos, además de parecer peligrosos.

La casa y la familia englobaba todo el poderío económico (era donde se concentraba la mayor producción de agricultura e industria, en la casa campesina y en la casa taller), englobaba también el prestigio social y la influencia política de sus individuos, quedando éstos subordinados a las aspiraciones de su casa de origen. 

El gobierno de la casa estaba en manos del padre de familia, que era el padre, amo y señor de todos los que formaban parte de su casa (familia y dependientes). Él decidía el destino de aquellos a los que sustentaba y protegía, mediante la política de colocación de los hijos, las alianzas matrimoniales, el ingreso en el convento... Sólo el señor de la casa poseía derechos políticos, representaba a su casa ante la comunidad y era también responsable ante ella de los actos cometidos por quienes dependían de él. La familia se inscribía unida en una red de relaciones de parentesco, amistad, vecindad… que la enlazaba con el resto de la sociedad.

Con esto terminamos la presente entrada. Continuaremos hablando de sociedad en la Edad Moderna en la siguiente entrada.

¡Feliz Miércoles!  - Hacer historia, aprehender la historia, aprendes la historia
31/Agosto/2016

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Hª EDAD MODERNA de España. Estructura social estamental: Nobleza, clero, burgueses, campesinos, clases populares urbanas y sectores marginados

En la entrada de hoy vamos a ver la sociedad estamental y de clases que existía en la Edad Moderna, más concretamente vamos a ver la del siglo XVI. 

Hay que tener en cuenta que en la sociedad del siglo XVI se dividían a las personas por: estamentos, clases sociales, oficios y ocupaciones, raza, ortodoxia religiosa, nivel de honor. 
Así pues uno podría ser noble (estamento privilegiado), no tener ni un duro (pertenecer a la clase social pobre), tener mucho honor, y ser mulato (lo cual restaba derechos, más cuanto más negro eras). 
En la entrada de hoy vamos a ver la división por estamentos, división que venía desde la Edad Media, y que en España se mantendría hasta el siglo XIX.


1. Estamentos privilegiados: nobleza y clero


Los miembros de estos estamentos suponían un porcentaje relativamente pequeño de la población, y su dependencia al trono fue aumentada por la labor de los Reyes Católicos que los ligaron a la autoridad monárquica e interconectaron trono y altar gracias a la concesión del derecho de “presentación” de Granada, Canarias e Indias, así como la participación de los monarcas en los ingresos eclesiásticos. 
La característica principal de estos estamentos superiores era su estatus jurídico especial, condición social privilegiada, no sólo de honores, sino también de exenciones fiscales y beneficios económicos. Esta condición en la nobleza era alcanzada por vía hereditaria, mientras que la pertenencia al clero era mucho más abierta. 

Los cargos superiores del clero (arzobispos, obispos, abades,…) eran reservados a los segundones y bastardos de la alta nobleza, mientras que los inferiores, como curas de a pie o miembros de las distintas ordenes eclesiásticas, que podían tener una extracción popular o plebeya estaban a una gran distancia no sólo honorífica sino económica. La diferenciación entre los obispos era muy clara, por razones que tenían que ver con la población y la riqueza de cada diócesis. 
Las diferencias económicas también eran muy notables entre el clero medio integrante de los cabildos de las catedrales y de iglesias colegiales, que eran objetivo frecuente de los hijos de nobles y de poderosas familias locales. El bajo clero secular compuesto por curas, párrocos, beneficiados y capellanes, donde la variedad de situaciones materiales era grandísima, llevándose la peor parte los que disfrutaban de beneficios patrimoniales de presentación particular, los clérigos de localidades rurales, frailes y monjas. En los mismos monasterios provistos de extensos patrimonios y dorados de rentas había algunos que vivían míseramente, frente a otros con gran opulencia.
Cuadro de Zurbarán, donde vemos al elemento clerical - Imagen de dominio público
Las divisiones en el estamento nobiliar eran todavía más señaladas. En Castilla los hidalgos (baja nobleza) constituían el 80 ó 90 % del estamento, por lo que disponía de una amplísima base pero una amplia variedad de calidades, existían además de los de solar conocido y notorios, cuya nobleza no se discutía, los hidalgos de ejecutoria y los de privilegio. El reparto geográfico tampoco era uniforme, eran muy abundantes en el norte, y disminuían notablemente cuando se avanzaba hacia el sur. En Navarra y Aragón tenía una distribución geográfica parecida a la de Castilla; en los valles pirenaicos había abundancia de hidalgos mientras que en el sur escaseaban los llamados infanzones; y en Cataluña la capa inferior la formaban los cavallers, doncells y militars, no demasiados numerosos. A éstos se unían los ciutadans honrats, que eran una mezcla entre caballeros y ciudadanos, quienes ostentaban el primer puesto en el gobierno local de las ciudades del principado. 

Por encima de los hidalgos se encontraba la nobleza media compuesta por los caballeros y los señores de vasallos poseedores de uno o más señoríos, categorías nobiliarias de límites imprecisos que acogían a gente de orígenes sociales diversos como entre los caballeros de los ayuntamientos urbanos: antiguos mercaderes, industriales, ganaderos, descendientes de conversos. Esta diversidad de orígenes sociales acabara diluyéndose, en virtud de la riqueza que tuviera cada uno. Los más ricos acabarían destacando sobre sus compañeros e ingresarían en alguna orden militar castellana, convirtiéndose así en caballeros de hábito, para lo cual tenían a veces que usar de su poder para falsear pruebas o comprar testigos. Lo dicho para los caballeros vale también para los señores de vasallos, gente que, desprovista de titulo, ostentaba la jurisdicción de un territorio. Entre éstos se encontraban representantes de familias linajudas que no habían logrado ascender, caballeros y miembros de las oligarquías urbanas, mercaderes y hombres de negocios de origen plebeyo, burócratas a quienes la venta de jurisdicciones les había provocado un ennoblecimiento efectivo y real. 
Los títulos componían la alta nobleza, muy reducidos ya que solo comprendían una serie de familias, más ricas y numerosas en Castilla que en Aragón, a las que se nombraba con los títulos de conde, marqués o duque (en Aragón se utilizaba el titulo de barón). Las familias más importantes en Castilla eran: los Mendoza, Álvarez de Toledo, Zúñiga, Velasco, Pimentel,… ya asentadas a finales del siglo XV; en Navarra sobresalían los Beamont y los Peralta; en Aragón la alta nobleza estaba encabezada por los duques de Villahermosa y Luna y en Valencia por los Borja. 

La jerarquización interna de los estamentos tenía que ver con: 
  • Diferencias de poder. 
  • Influencia y prestigio.  
  • Antigüedad de linaje. 
  • Pero también con la riqueza de que dispusieran, lo que contradecía los principios de la sociedad estamental. 
Privilegio y renta estaban unidos y su asociación era el elemento vertebrador del sistema socioeconómico vigente, y al mismo tiempo su garantía de reproducción en el tiempo. 

De todos los derechos que tenían nobles y clero el de mayor trascendencia era el de poseer bienes raíces que quedaban apartados de la libre circulación a través de vínculos, mayorazgos y manos muertas. Un tipo de propiedad amparada por las Leyes de Toro de 1505, y por las disposiciones canónicas que prohibían la venta de bienes eclesiásticos, protegiéndola de enajenaciones o particiones testamentarias pero al mismo tiempo introduciendo introducía rigideces en el mercado de las tierras que contribuían a elevar su precio. 
La amortización de tierras por los estamentos privilegiados creció pareja a los precios condicionando las formas de acceso al usufructo de la tierra por parte de los campesinos y con ello la dependencia de este sector social. Además existía una vinculación personal, el señorío jurisdiccional, que suponía un traspaso de las competencias del rey en esos territorios, dándoles autoridad pública, jurídica y elementos de dominación de la vida rural. Muchas de ellas giraban en torno a la percepción de rentas reales que suponía grandes beneficios similares a los del diezmo para el clero. 

Otros beneficios económicos que tenían la nobleza y el clero eran tanto directos como indirectos, siendo el más significativo la exención tributaria. Una exención que nunca fue total pues pagaban impuestos indirectos y atendían así a su manera los gastos del estado: pago de servicios y donativos periódicos en el caso de la nobleza, y en el clero además las tres gracias eclesiásticas: cruzada, subsidio y excusado. A cambio de estos impuestos indirectos gozaban de casi un monopolio sobre los cargos públicos más importantes que les proporcionaba además de la supremacía social, la política, interviniendo en el ejercicio del poder real. 

Otros de sus derechos eran que no se les podía encarcelar por deudas ni embargar sus bienes, ya que el régimen de mayorazgo impedía que se pudiese embargar bienes vinculados, por lo que se garantizaba a la nobleza la preservación de sus patrimonios aunque tuvieran falta de liquidez. A los patrimonios eclesiásticos les sucedía lo mismo, aunque dicha garantía no tenía tanta trascendencia al no estar tan expuestos a la presión del endeudamiento que tenía la nobleza. Para la iglesia tenía más interés el hecho de verse libre de quintas y levas, o incluso el privilegio que les eximía de la obligación de acoger soldados y demás personal a cargo del monarca. También gozaban de un fuero propio, con sus leyes y tribunales especiales. 

Hay dos circunstancias que definen la evolución de los estamentos privilegiados durante el siglo XVI: el aumento del número de componentes y la incidencia que sobre uno y otro tuvieron el crecimiento económico y sus respectivas transformaciones. El crecimiento de la nobleza se debió a la multiplicación biológica de las familias y a la incorporación de nuevos miembros, procedentes de los niveles inferiores de la nobleza y del estado llano. Los niveles medio y bajo de la nobleza también sufrieron este cambio en parte por las necesidades financieras de la corona y la subsiguiente venta de hidalguías, oficios, jurisdicciones, etc. 
El incremento del número de eclesiásticos se explica por la fuerte demanda de servicios religiosos propia de una sociedad muy sacralizada, pero además para algunas familias de nobles y otras de origen plebeyo el estamento eclesiástico se mostraba como un ámbito de actuación sobre el que proyectar sus estrategias políticas, económicas y sociales. Destinar hijos e hijas a un convento era una buena “inversión”, porque aunque suponía el pago de una dote al convento si era una hija, no sólo evitaba gastos (dotes y arras de matrimonios) sino que libraba porciones importantes del patrimonio familiar. El integrar a los segundones en el ámbito eclesiástico y en algunos casos incluso a primogénitos servía igualmente para la reproducción social de muchas familias. Esto significaba el comienzo de una carrera ascendente dentro del estamento y abría una vía más para acumular prestigio, poder, rentas y propiedades con las que fundar mayorazgos para sobrinos y sobrinas. La institución de capellanías laicales se presentó como otra forma de vincular bienes, mantenerlos y hacerlos circular, generación tras generación, dentro de la propia familia. 

La aristocracia incapaz de aumentar sus ingresos a la medida deseada o de ajustar su crecimiento al de los precios, fue uno de los sectores sociales menos favorecidos por el crecimiento económico. La llamada por algunos “crisis de la aristocracia” no llegó nunca a ser un proceso definitivo, gracias a que la Monarquía ayudó a las casas en apuros. La aristocracia y el clero consiguieron sacar provecho de las muchas oportunidades que el alza de los precios, la subida de la renta de la tierra y la expansión del diezmo le brindaron. Iglesias, catedrales, colegiatas, parroquias, conventos, cabildos y otros establecimientos similares se beneficiaron gracias a las donaciones de fieles y de un proceso de transferencia de propiedades que les permitió ensanchar su patrimonio y ampliar la extracción de excedentes. Las dotes aportadas por las muchachas que entraban en la religión suponían para los conventos femeninos una inyección continua de rentas y dinero. 


2. Burgueses, letrados y burócratas


No son un estamento privilegiado (son miembros del estamento no-privilegiado o estado llano), no tienen ningún tipo de privilegios descrito más arriba, pero en cambio tenían conocimientos y dinero, lo cual les servía para abrirse camino en el complejo entramado social. 

BURGUESES: los burgueses aunque desprovistos inicialmente de estatuto privilegiado y miembros del estado llano estaban aupados a los primeros puestos de jerarquía social gracias al poder que les daba el dinero, constituían un grupo bien diferenciado dentro de la sociedad española. Dos rasgos básicos caracterizaban a sus integrantes: residían en núcleos de población importantes, en los que se desempeñaban sus actividades y éstas tenían que ver con la contratación (de mercancías, dineros, títulos o efectos mercantiles y bancarios) y la producción manufacturera industrial. Los núcleos de población donde vivían y sus actividades no dejaron de crecer y expandirse, lo que propició, particularmente en Castilla, el enriquecimiento de muchos hombres de negocios y banqueros. 
En la Corona de Aragón el menor dinamismo de los núcleos urbanos determinó que los elementos vinculados al comercio o la industria pasaran a un segundo plano frente a los ciutadans honrats, aunque Barcelona y Valencia continuaran siendo importantes centros comerciales. 
No podemos culpar a la revuelta de las Comunidades ni de la ruina de la burguesía, ni del arranque de la decadencia castellana, pero tuvo bastante que ver en ambos procesos al fortalecer a la Monarquía y a la nobleza, y asentar la hegemonía exterior a la que se supeditarían las decisiones económicas.
Un burgués cambista con su mujer, cuadro de Quentin Massys - Imagen de dominio público
Las actividades que ejercían estos burgueses poco tenían que ver con la producción, condicionada en el campo por el carácter feudal y en la ciudad por el carácter gremial, éstas guardaban relación con el comercio y la banca sin penetrar en los sectores productores, es decir, eran especulación financiera que no dinamizó ni la agricultura ni la industria. Las ocasiones para poder transformar el marco jurídico de la vieja sociedad fueron limitadas, pues la burguesía adquiría tierras, rentas y jurisdicciones como estrategia de cara a diversificar sus inversiones y como medio para ascender en la escala social. Cuestión complementada con estrategias de concertación de matrimonios con las noblezas locales o ingreso en los ayuntamientos mediante la adquisición de regidurías. 


LETRADOS: hay que destacar también en el siglo XVI el ascenso y promoción política de los letrados, relacionada a su vez con el afianzamiento de las estructuras del Estado a partir del reinado de los Reyes Católicos y el desarrollo que llevó a cabo el aparato burocrático de los Austrias. Este grupo social estaba compuesto por miembros de las capas medias de la ciudad, aunque muchos fuesen hidalgos, caballeros o provenientes de la nobleza titulada. En sus estratos más elevados, los personajes salidos de las Facultades de Derecho de las universidades más importantes del país formaban parte de los Consejos, ocupaban los puestos de los altos tribunales de justicia (Chancillerías, Audiencias) o eran designados para los corregimientos no reservados a los hombres de capa y espada. Otras veces su destino era la administración municipal. Junto a ellos, pero ya en un nivel inferior, se encontraban los “infraletrados”, que o bien ejercían funciones en las instancias administrativas o se empleaban como escribanos, abogados, procuradores, jueces, mayordomos, para lo que incluso no era necesario poseer un título universitario. 

Estos letrados, especialmente los más avanzados en su carrera, tenían una mentalidad aristocrática, fuesen o no de origen noble, todos trataban de vivir como tales, tenían tierras, casas, juros, y adquirían rentas reales, regidurías y otros oficios, instituyeron mayorazgos y casaron a sus hijos con miembros de la nobleza. A pesar de su importancia política estuvieron bastante lejos de monopolizar el poder político para controlar el Estado, por ello es un error magnificar la presencia de letrados en el sistema administrativo central, territorial y local. Los personajes más influyentes del Estado no eran letrados, como tampoco lo eran los integrantes de los grupos burocráticos creados alrededor suyo, cuyo porvenir dependía directamente de la relación que tuviesen con su patrono. Es cierto que la carrera de estos burócratas se puede considerar más abierta socialmente que la de los letrados, ya que para éstos los requisitos de formación, limpieza de oficios y de sangre pesaban mucho más, tuvieran estudios universitarios o no, esto significaba una puerta abierta al ascenso social, especialmente para aquellos que provenían del común. 


3. El campesinado 


La base de la población estaba formada por el campesinado, que ocupaba las cuatro quintas partes de la sociedad, y además de atender la subsistencia propia y la de su familia, su función principal era la de producir excedentes que pasaban a manos de sus terratenientes, los señores, la Iglesia y el Estado. Atendiendo a su familia garantizaba su reproducción biológica y creando excedentes ayudaba a la continuidad del sistema económico y social del Estado. También existían diferencias entre los campesinos, a veces eran diferencias jurídicas, su pertenencia al realengo o al señorío y otras dependían de la relación que tuvieran con la tierra que trabajaran. 

Destacaban los labradores ricos y los hacendados, muy pocos por cada localidad. Estos eran los campesinos excedentarios capaces de especular con el grano de su cosecha, muchos ni siquiera eran propietarios, sino arrendatarios pero todos buscaban proyectar su influencia sobre bienes de propios y comunes de los pueblos para explotarlos como beneficio propio. Son los poderosos que tenían ganado de labor, utillaje, contrataban jornaleros y subarrendaban tierras, luego crearían mayorazgos, capellanías o cualquier tipo de vínculo para garantizarse un estilo de vida parecido al de las clases altas, lo que les favorecería para su inclusión en ellas. 
Pero la gran mayoría de campesinos no se encontraban en este grupo, los que más predominaban eran los campesinos de niveles bajo y medio. Los campesinos medianos eran los cultivadores dueños de explotaciones suficientes para vivir con holgura, pero que apenas podían superar una crisis, sobre todo si ésta se prolongaba más de dos años. Lo que les diferenciaba de los campesinos acomodados era la escasa capacidad para producir excedentes con destino al mercado, una vez separada la simiente, los alimentos, el diezmo, la renta del propietario y las contribuciones del rey.
Imagen satírica francesa: representa el campesinado cargando a sus espaldas al clero y nobleza - Imagen de dominio público
Hay que establecer la distinción entre regiones donde imperaba la cesión enfitéutica de la tierra y aquellos territorios donde prevalecía el arrendamiento temporal: en las primeras (Valencia, Cataluña, Baleares, Galicia y Asturias) el peso de la renta no sólo era menor sino que además la “posesión” indefinida de la tierra otorgaba al campesino una mayor capacidad para introducir las mejoras para elevar la producción de la tierra. En las segundas (Andalucía y la España interior), las de arrendamiento corto, la renta resultaba más gravosa y su revisión al alza en momentos de expansión absorbía parte del dinero que el cultivador podía aprovechar para invertir en mejoras. 

La concentración y la amortización de la propiedad vinieron a acentuar, junto con el aumento de la renta de la tierra, los desequilibrios en el seno de la sociedad rural. Hubo un sector de la sociedad rural que se benefició del alza de los precios pero a los pequeños y medianos cultivadores les afectó negativamente. La incidencia de las crisis agrarias, la fragmentación de los patrimonios como consecuencia del aumento de la población, la introducción del capital usurario y el endeudamiento campesino debilitaron aun más al campesinado intermedio y bajo. Como resultado de todo esto se llevará a cabo un aumento de arrendatarios y el número de jornaleros sin tierras. 


4. Clases populares urbanas 


La ciudad del Antiguo Régimen se definía a si misma como comunidad, puesto que se configuraba como un conjunto de distintas clases sociales, en ella estaban asentadas desde los grupos privilegiados hasta los más pobres y marginales de la sociedad, pasando por artesanos, profesionales, comerciantes, etc. Cada uno de estos sectores urbanos tenía una función, aunque también es cierto que hay que destacar la multitud de población dependiente que había, es decir, población que consumía sin trabajar o que no desempeñaba una actividad fija. La población agrícola suponía en todas las ciudades una alta proporción de la población activa
En el siglo XVI en España existían pocas ciudades plenamente industriales, siendo mucho más numerosas las ciudades en las que predominaba el comercio y el sector servicios, con un alto porcentaje de desempleados y un artesanado muy diversificado produciendo bienes de primera necesidad. 

En localidades con cierta importancia se hacía muy común el encuadramiento gremial de los artesanos. Los gremios agrupaban a los representantes de un mismo oficio, y sus funciones, aparte de la organización del trabajo y el proceso productivo, también era monopolizar la producción de un determinado producto y eliminar cualquier tipo de competencia exterior. Los gremios tenían funciones solidarias entre sus miembros, puesto que tenían una ayuda mutua y manifestaciones religiosas colectivas hacia sus santos patronos respectivos. Los gremios constituían a su vez un sustento de orgullo cívico particular, ya que otorgaban a sus miembros una personalidad y dignidad propia difíciles de alcanzar. 
Cada gremio estaba dotado de prerrogativas y derechos exclusivos, era un órgano de diálogo con el poder municipal. Desempeñaba un papel activo en casi todos los órdenes de la vida, incluido el fiscal, pues a menudo el gremio era la base para la recaudación de ciertos tributos. A veces el gremio no sólo era formado por el sector artesanal, sino que también acogía a mercaderes y comerciantes, y en las ciudades costeras a la marinería y otros sectores asociados al mar, los cuales tenían como función la defensa de sus intereses particulares.
Representación de algunos oficios gremiales(Autor foto: Milartino Fuente: wikipedia)
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Los gremios eran organizaciones verticales compuestas de escalones que establecían una jerarquía dentro de cada profesión. En la base de esta jerarquía se hallaban los aprendices, muchachos a quienes se ponían en casa de un maestro para que les enseñara una determinada profesión. Los contratos fijaban las condiciones de esta enseñanza: la duración del aprendizaje, los trabajos a desarrollar, el trato y el sustento que se le debía dar, el precio de la enseñanza, etc. Una vez terminada esta fase, que duraba 3 o 4 años, el aprendiz cambiaba de categoría y pasaba a la de oficial. En algunas ocasiones los oficiales permanecían en casa de sus maestros, quienes les daban techo y manutención, pero lo normal es que llevaran una vida independiente. El objetivo de estos oficiales, tras algunos años, ingresar en las maestrías. El acceso a las maestrías dependía de las reglas de cada gremio y para conseguir entrar los aspirantes tenían que pasar pruebas teóricas y prácticas, realizar una obra maestra y pagar por los derechos de examen. 
Tras la expansión del siglo XVI hubo algunos maestros que se convirtieron en auténticos fabricantes iniciando procesos de concentración industrial, otros cayeron en las redes del capital comercial hasta perder su independencia, subordinándose y convirtiéndose en asalariados. Los oficiales y personal a sueldo corrieron peor suerte, puesto que a largo plazos sus salarios bajaron afectados por el alza de los precios y perdieron calidad de vida. La reacción de muchos gremios fue replegarse y reforzar su exclusividad, alargando el proceso de aprendizaje, restrigiendo la entrada de aprendices y limitando la concesión de maestrías. 

Sin embargo, lo que marcaba la importancia de las ciudades, más allá de los gremios y de la manufactura era la abundancia de gente dedicada a servicios en general, ya que en las ciudades prevalecía la función consumidora. También existían grupos más marginales como los pícaros, maleantes, bandidos, que se aprovechaban de los beneficios de la sociedad recurriendo a engaños o violencia. 

Las ciudades eran centros de poder, concentraciones de propietarios y rentistas, por lo tanto consumidoras más que productoras, donde se estimulaban producciones como la construcción, el arte o el lujo, pero que nunca fueron el motor de la economía. De las rentas del campo vivían los propietarios, recaudadores, administradores, criados, artistas, profesionales liberales, comerciantes, todos interesados en que se perpetuaran los mecanismos de exacción. Pero en la ciudad las diferencias de estatus y riqueza estaban más suavizadas, y también disfrutaban de ellas mediante la caridad los sectores marginales. 


5. Los pobres y la beneficiencia


La pobreza, la indigencia y la miseria afectaban a amplias capas de la población, aumentando con cada epidemia, con una serie de malas cosechas o cualquier otro accidente: invalidez, viudedad, orfandad o vejez. Pero no todos los pobres eran iguales ni eran tratados de la misma forma. 

España en el siglo XVI participó en los planteamientos europeos para combatir este problema de la pobreza, aunque encarándose de manera distinta. En Europa al pobre se le irá despojando de su ropaje evangélico o casi místico, como intermediario redentor que permitía el ejercicio de la caridad y pasa a ser considerado un elemento marginal, entregado a la ociosidad y por tanto un ser peligroso, que subvierte el orden establecido. Por ello se dejará el control de los mismos a los poderes laicos, pero diferenciando los verdaderos necesitados que serían atendidos en hospitales y asilos, de los falsos pobres que serían castigados y obligados a trabajar.
Escultura de un mendigo en Roma
(Autor foto: Mac9 Fuente: wikipedia)
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Pero en España este proceso no se concretó, se tomó otros derroteros porque las medidas acabaron con el reconocimiento del derecho a la pobreza y a la mendicidad libre, fracasando las ideas de renovar la beneficencia. Se mantuvo pues la concepción tradicional de la pobreza y la caridad que mantenía la Iglesia Católica valorando las buenas obras y la caridad como instrumento amortiguador de las tensiones y conflictos sociales. Los pobres debían ser integrados mediante la limosna, donaciones en disposiciones testamentarias o establecimientos de beneficencia que percibían parte de las rentas y las redistribuían, asegurando con ello la paz social y la preservación del orden aristocrático. 


6. El entramado social y político de la sociedad en el Antiguo Régimen


La sociedad del Antiguo Régimen, es compleja y puede abordarse su estudio desde muy distintos puntos de vista. Principal y básicamente, es una sociedad profundamente desigual, estamental y feudal. Sus estamentos se dividen en privilegiados (clero y nobleza), poseedores de tierra, que no trabajaban y que percibían las rentas; y no privilegiados, (el estado llano), todos los demás, que trabajaba la tierra, generalmente sin poseerla, y pagaban las rentas. 

Era una sociedad también corporativa, en la que sus miembros formaban parte de ella en tanto en cuanto pertenecían a alguna comunidad (gremial, religiosa, urbana o rural) que les dotaba de identidad social, derechos y deberes, haciendo de ellos personas integradas en el sistema. Frente a ellas, se presentan los marginados o foráneos, es decir, aquellos que no formaban parte de ninguna comunidad que sustentara su identidad y que, por tanto, les integrara en aquella sociedad. 

En lo religioso, la sociedad del Antiguo Régimen es fervorosamente religiosa, siendo la iglesia la única institución que llegaba realmente a todos y cada uno de los individuos, pertenecieran a la comunidad o estamento que fuese. Y la Fe dominaba la vida cotidiana, condicionando cada aspecto de la vida social. 

El hecho de que esta sociedad estuviera dividida en estamentos, no significa que cada uno de ellos fuera homogéneo, al contrario, estaban formados por personas de niveles muy diversos. Dentro de la nobleza, por ejemplo, se distinguía entre alta, media y baja nobleza, así mismo, en el clero se diferenciaban a su vez bajo y alto clero. El estado llano por su parte, al comprender todo el resto de la población, la no privilegiada, era el estamento más heterogéneo englobando burgueses, artesanos, comerciantes, campesinos, pobres, mendigos....éstos son grupos sociales y están compuestos por personas asociadas de algún modo o con algún fin. Este sistema asociativo de personas en el Antiguo Régimen, irá desapareciendo cuando entren en juego las revoluciones liberales, la revolución industrial...que trajeron consigo nuevos sistemas de asociación. 
Las diferencias económicas no eran las únicas, iban parejas con las diferencias jurídicas, profesionales, de género...en esta sociedad la diferencia, era hallada desde en lo más evidente hasta en el menor matiz, y las personas se aferraban a ellas para sentirse desvinculados de aquellos que podían señalar como de un nivel inferior. Sin embargo, esta estigmatización de las personas, para diferenciar a golpe de vista el rango al que pertenecían, no implica en absoluto la ausencia de relación entre los conjuntos de personas diferenciados.

Aquí terminamos por hoy. En la próxima entrada hablaremos de los vínculos personales en la sociedad de la época. 

¡Feliz Lunes!  - Hacer historia, aprehender la historia, aprendes la historia
29/Agosto/2016

Hª EDAD MODERNA de España. El territorio de la monarquía: herencias, conquistas y negociaciones. Representación del rey. La administración de justicia. Las ciudades y villas

Continuamos en esta entrada viendo la composición y el sistema de gobierno de la monarquía española en la Edad Moderna. 


1. Composición de la monarquía de España


La composición de "España" se forjó entre los siglos XV y XVI por la agregación de entidades políticas preexistentes en torno a un núcleo de poder, son uniones dinásticas y patrimoniales en torno a una Casa Real sin diseño previo de base étnica, lingüística o cultural. La Monarquía Hispánica procedía de herencias legítimas aunque hubo de usarse la fuerza y el consenso, sin ser nunca una unión arbitraria, por eso tuvo viabilidad política, aunque planteó problemas en el ejercicio del poder debido a sus peculiaridades y distancia geográfica, debiendo usar la colaboración interesada de las élites sociales. 

Al hablar de Monarquía española se emplean distintos calificativos para destacar varios aspectos identificadores: se habla de Monarquía católica para reflejar la importancia del componente religioso, común a todos los súbditos y fundamento esencial de su constitución política; y de Monarquía de los Austrias y Monarquía hispánica subrayando el aspecto institucional y geográfico. En Europa se generalizó la denominación rey de España, que también se empleó en plural en documentos, sellos y monedas, pero en los documentos jurídicos más precisos siguió empleándose la relación completa de títulos de reinos, ducados, marquesados, condados y señoríos, lo que se ajustó más a su diversa realidad jurisdiccional. 
Desde sus inicios, el derecho, la fuerza y la negociación actuaron conjuntamente en la formación de la Monarquía de España. Vamos a ver estos tres aspectos.


A) TERRITORIOS HEREDADOS:

El derecho sucesorio era el elemento de mayor unión entre el rey y sus súbditos, el rey natural era el enraizado en su pueblo con una fidelidad ganada a través de generaciones, pero los matrimonios entre casas reinantes abocaban a la acumulación de títulos, fortaleciendo al rey a la vez que lo alejaba de sus súbditos. Si formalmente era fácil de aceptar, las implicaciones prácticas resultaban distorsionantes: que la Monarquía castellano-aragonesa se gobernarse desde Castilla disgustó a catalanes, aragoneses y valencianos. Sentían el alejamiento del poder y la dificultad de hacer reconocer sus méritos por medios de intermediarios, nunca satisfecha del todo por medio de sus ministros.
El derecho sucesorio no siempre resultaba concluyente, en esos casos el consenso social o el uso de la fuerza actuaban entonces como árbitro entre varias alternativas legitimistas. Se utilizó también el derecho feudal y las teorías sobre el poder universal del Papado, precedidas en muchos casos por el ejercicio de la fuerza, pues diversas bulas papales revistieron de legalidad la conquista de las Canarias, de las Indias y del reino de Navarra. Por su parte, Carlos V utilizó su condición de Emperador para vincular a su Monarquía dos territorios muy importantes: el Milanesado y los Países Bajos


B) TERRITORIOS CONQUISTADOS:

Los cronistas de la época atribuían un valor de conquista a la incorporación a la Monarquía española de los reinos de Milán, Nápoles y Sicilia, junto con Navarra. 
Canarias, las Indias y Granada debieron en mucho a la fuerza militar pero fueron empresas particulares autorizadas por el rey, todas fueron guerras destructivas que condujeron a grandes cambios sociales, político-institucionales, culturales y religiosos cuyo impulso provino de Castilla. La colonización, la sumisión señorial e incluso la esclavitud, la desarticulación de sus antiguas instituciones y autoridades tradicionales fue el destino de aquellas sociedades a corto o largo plazo. En Granada, las capitulaciones de rendición de la ciudad (1492) no se pudieron respetar mucho tiempo: la conversión forzosa (1502) y el exilio de la población morisca (1572) fue su destino.

Las conquistas de los reinos cristianos del siglo XVI (Nápoles, Navarra) tuvieron un desarrollo diferente: fueron empresas decididas directamente por el rey, aunque contaron con el respaldo entusiasta de las ciudades y de la nobleza de Castilla y de Aragón, ya fuese para estabilizar un flanco conflictivo o para incrementar su poder. Las tres conquistas fueron resultado de las tensiones con Francia en Italia, y con Inglaterra por el dominio del Atlántico y el Mar del Norte. Sin embargo, las conquistas no se acompañaron de cambios profundos porque no fueron producto de cambios revolucionarios, viendo mejor la negociación y la continuidad evolucionada de su política, la intermediación. Por su parte, Maquiavelo recomendaba a Fernando extinguir los linajes decisorios, mantener guarniciones militares y trasladarse a residir a los territorios conquistados. 


C) TERRITORIOS ADQUIRIDOS POR NEGOCIACIÓN:

Las conquistas de los reinos cristianos no perduraron como regímenes de ocupación militar sino que más bien dieron paso a un nuevo equilibrio basado en la negociación con las élites, que garantizase su defensa y mejorara sus oportunidad de prosperar. En el caso de Portugal, Felipe II en 1581, ante las Cortes reunidas en Tomar negoció una carta de mercedes, gracias y privilegios que debían contentar las reclamaciones de hidalgos, del clero y de las ciudades. Semejantes acuerdos se adoptaron tras la rendición de Nápoles o de Pamplona. El rey victorioso tendría más autoridad al negociar las concesiones a las distintas provincias, ocasión para las familias más activas y ambiciosas para escalar posiciones sociales dentro del nuevo entramado regio, acaparando el favor del rey, de los validos y seguidores en el siglo siguiente. En una Monarquía poderosa, sus miembros podían ganar en orden y seguridad. 


* Uniones accesorias y uniones principales: en el siglo XVII se consideraba que la Monarquía de España se había unido en base a dos criterios: 
  1. Al modo de Las Indias, es decir gobernándose en todo por las leyes, derechos y fueros de Castilla. 
  2. Al modo de los reinos de Aragón, Nápoles, Sicilia, Portugal, Milán, Flandes y otros, agregándose pero sin perder sus leyes e instituciones anteriores. 
Bajo esta diversidad política, calificadas respectivamente de uniones accesorias y principales, subyacía una comunidad semejante en aspectos básicos ideológicos: todos eran territorios cristianos bajo la órbita del Papado, había un sustrato jurídico común, si bien interpretado según formulas unas pactistas, otras realistas, compartían un pasado legendario común al menos en la Península, surgido en las resistencias de los nobles montañeses y en la reconquista contra los musulmanes.
Sin embargo, gobernar esta comunidad de unión de reinos resultó difícil por un doble motivo: la reserva de oficios, obligaba a que los oficiales del rey en cada reino fuesen del lugar, lo que dificultaba la elección así como su distancia respecto a los asuntos locales y provinciales; y la antigüedad de cada territorio y su proximidad al monarca, que estableció una jerarquía entre ellos ostentando la preeminencia Castilla aunque poco a poco fueron estrechando su colaboración. Luego, pese a los intentos unificadores de Olivares en los campos del ejército y de las Leyes, finalmente, se impuso la opción tradicional de respetar las diferencias por ser la más ampliamente compartida. 


2. Proceso de agregaciones (1469-1580) y disgregaciones (1566-1714) de territorios


La articulación de la Monarquía de España se gestó en la boda de Fernando e Isabel (1469) y se desarboló definitivamente en virtud de los tratados de Utrecht y Rastadt (1713 - 1714) que pusieron fin a la Guerra de Sucesión Española. Vamos a ver cómo se ganaron y perdieron los territorios:
  • Fernando el Católico era rey de Aragón y señor de Cataluña; sus antepasados habían conquistado a los musulmanes los reinos de Mallorca (1229) y de Valencia (1238), y habían ocupado los de Cerdeña (1234) y Sicilia (1282). Desde el siglo XV, el concepto de Corona de Aragón empezó a dar cuenta de un renovado poder real sobre un conjunto confederal básicamente mediterráneo. 
  • Isabel la Católica acumulaba los títulos de otros tantos reinos: unos cristianos en su origen (León, Galicia, Castilla) y otros reconquistados a los musulmanes (Toledo, Sevilla, Córdoba, Murcia y Jaén), todos ellos gobernados por una misma ley y por unas únicas cortes. Los Reyes Católicos desarrollaron una política expansiva, por conquista y esgrimiendo la autoridad pontificia sobre territorios contiguos: Granada (1482-1492), Canarias (1478-1496); las islas y tierras de las Indias (1492); una serie de plazas norteafricanas (Melilla, Mazalquivir, Peñón de Vélez y Orán, Bujía, Argel y Tripoli); el trono de Nápoles (1504) y el reino de Navarra (1512).
  • Carlos V, como emperador del Sacro Imperio, vinculó a la Monarquía de España territorios aislados pero de gran riqueza humana y material, y de vital importancia estratégica. En 1540 el ducado de Milán y los condados y ciudades dependientes de él (Lodi, Pavía, Como, Cremona). Poco después, la soberanía de 17 provincias de los Países Bajos, vinculadas sucesoriamente y recién unidas, cedidas a su heredero en 1555 y una serie de fortalezas costeras en la Toscana desgajadas tras la rebelión de Siena. 
  • Felipe II añadió el reino de Portugal, territorio peninsular más sus enclaves coloniales en la costa índica: península de Malasia e islas de las especias (Molucas y Java), además de las escalas africanas y en América, la costa suroriental de Brasil. A finales del siglo XVI, algunos nobles y comunidades de irlandeses católicos y chipriotas y griegos ortodoxos le ofrecen vasallaje y aceptó el señorío de Cambrai- Cambrésis. En contrapartida, hubo de enfrentarse a un movimiento disgregador: la rebelión de los Países Bajos, desatada en 1568 y latente ochenta años. En la paz de Münster, 1648, se admitió la independencia de la República de las Provincias Unidas. Los Países Bajos españoles fueron cedidos a Isabel Clara Eugenia y a la muerte de su esposo el archiduque Alberto de Austria se reincorporaron a la Monarquía de Felipe IV.
La estructura imperial se mantuvo en pie, hasta 1713-1714, incluso en 1640 con las rebeliones de talante disgregador de Portugal y Cataluña que se saldaron con la secesión de Portugal, reconocida en 1668. La paz de los Pirineos (1659) sancionó la pérdida de la Cataluña norpirenaica (condados de Rosellón y parte del de Cerdeña), además de la provincia de Artois, en los Países Bajos. Y las sucesivas derrotas ante Luís XIV de Francia supusieron la erosión de buena parte de las provincias leales de los Países Bajos. Ya en América, desde 1635, franceses, ingleses y holandeses ocuparon establemente algunas islas de las Antillas menores en el Caribe, pero nada en el continente. 


3. Ausencia y representación del rey en los territorios de la monarquía


El rey tuvo que adaptarse a las diferencias jurídicas e institucionales, residente en Castilla desde Felipe II, gobernaba a distancia a los súbditos. La ausencia de la persona se suplió mediante el uso de recursos similares en toda la Monarquía: la delegación del poder y de la autoridad real en representaciones personales colocadas en el vértice institucional de cada territorio. La delegación nunca fue absoluta: el monarca se reservaba ciertas atribuciones y prerrogativas en las instituciones de gobierno que lugartenientes, virreyes y gobernadores recibían junto con sus nombramientos; se trataba de mantener el control sobre el ejercicio del patronazgo y sobre la administración suprema de la gracia. 
La provisión de los cargos más preeminentes nunca se le escapó al rey de las manos, lo mismo que la concesión de tratamientos y títulos de nobleza con el fin de remunerar servicios prestados y fomentar el servicio y la fidelidad de los súbditos. Estas reservas justifican el afianzamiento de organismos de gobierno en la Corte como los Consejos particulares o territoriales, órganos de consulta de los asuntos de los territorios, tribunales supremos de justicia y altas instancias gubernativas. Estos Consejos estaban organizados jerárquicamente tal y como lo estaban los distintos reinos, con el centro político de la Monarquía, constituido por Castilla y sus Consejos de gobierno. 

La designación de delegados personales de rey en cada territorio, fue una de las máximas políticas, esta representación, no resultaba necesaria en Castilla, donde Carlos V residió habitualmente desde 1559, si bien con intermitencia, encomendándose el gobierno a lugartenientes personales cuyos titulares, casi siempre fueron miembros de la familia real. Este tipo de delegaciones personales contaba con precedentes de una doble tradición borgoñona y aragonesa, donde era una tradición habitual desde la etapa medieval y se hallaba firmemente afianzada en el siglo XV. Cuando la corte permanente sustituyó a la itinerante, resultó imposible la ficción de la presencia intermitente del monarca en cada uno de sus dominios. En este sentido, 1561 es un año clave para la construcción de la monarquía hispánica marcada por el alejamiento físico del monarca, que Felipe II se propuso contrarrestar haciendo uso de recursos institucionales y simbólicos. 

La esencia de la lugartenencia real tenía una doble vertiente institucional y simbólica que se reforzaba mutuamente, pero implicaba que otra persona suplantara el poder del rey y se mantuviera en el territorio durante su ausencia. Los progresos en ambas direcciones se materializaron en la clarificación creciente de las competencias asignadas a los representantes del rey, a la vez que en los controles sobre su gestión. 
El contenido de las instrucciones de gobierno es clave para comprender su evolución, así como el empleo de instrumentos de naturaleza simbólica cada vez más refinados. Los lugartenientes regios no necesitaban sólo de recursos legales que sustentaran sus potestas, sino también de los alegóricos que reafirmaran y evidenciaran su auctoritas.
El lugarteniente del rey ejercía sus funciones bajo el título de gobernador general o de virrey, la denominación oficial variaba según el territorio. La de virrey fue la más extendida, empleada en los reinos de la Corona de Aragón (Aragón y Valencia, principado de Cataluña, Mallorca, y en los italianos de Cerdeña, Sicilia y Nápoles) y exportada a las Indias (Perú y Nueva España) y a los reinos de Navarra y de Portugal. En el ámbito europeo, la de gobernador estuvo vigente en los Países Bajos y en el estado de Milán, y dentro del ámbito castellano, en zonas periféricas como Galicia y Canarias, así como en múltiples demarcaciones americanas y en Filipinas.

Las atribuciones de virreyes y gobernadores fueron similares. Los poderes diferían en función de las circunstancias de la lugartenencia, y de la calidad o condición de quien la asumía. Los había propietarios e interinos en el cargo, ordinarios y de sangre real, el grado de autonomía de cada uno, consustancial a la mayor o menor delegación conferida por el rey en las instrucciones de gobierno, no siempre fue el mismo. Las Instrucciones se elaboraban para cada relevo, cada uno tenía las suyas pero eran generalmente muy similares, aunque hubo algunas preparadas muy detenidamente, delimitando las funciones con claridad. Es posible establecer una evolución de estas instrucciones, en un primer momento, no pasaban de ser simples apuntamientos o advertencias para orientar la labor de los lugartenientes del rey, enunciaban principios generales de gobierno e incluían recomendaciones para resolver problemas concretos, pero su función era más indicativa que normativa. 
Conforme avanzó el reinado de Felipe II, incorporaron cláusulas cada vez más esclarecedoras con lo que se asistió a una progresiva definición del cargo, Y sus facultades y actos de gobierno quedaron perfectamente delimitados por una reglamentación jurídica configurada a tal efecto y promulgada en nombre del rey por los respectivos Concejos territoriales. La fundación, refundación o reforma de los Consejos de Indias, Italia y Aragón entre otros, impulsaron este proceso de definición de la lugartenencia regia. 
El término instrucciones de gobierno engloba a un conjunto variable de despachos, desde el preceptivo título o patente de comisión de lugarteniente hasta una instrucción secreta para su uso exclusivo que matizaba el verdadero alcance de la comisión: en ella, se enumeraban las restricciones aplicables a su gestión y la reducción de sus facultades en materia de patronazgo. Asimismo, existía una instrucción particular que contemplaba todas las esferas de la administración del territorio, y que solía establecer las funciones, la composición y el procedimiento de los tribunales, consejo y órganos superiores de gobierno de dicho territorio, clarificando el tipo de relación que el lugarteniente debía mantener con ellos. Por último, podía haber una instrucción llamada general, ordinaria o pública, según el período y el ámbito territorial cuyo contenido era comunicado a todos los ministros y autoridades del territorio y solía transmitir la idea de respeto a los ordenamientos constitucionales y a los equilibrios de poder existentes. Las instrucciones de gobierno son consideradas herederas de las llamadas ordenanzas de regencia que Carlos V entregó a sus lugartenientes y regentes a partir de 1517.

La elección de parientes próximos para asumir la representación del rey en los diferentes dominios de la monarquía resultaba plenamente consecuente con el carácter de la lugartenencia real. Lo más adecuado para el monarca era tener parientes que le representasen, pero dada la extensión de los territorios gobernados, era imposible colocar parientes en todos los puestos, por lo que en estos casos se recurría a personas de la alta nobleza, pero sin parentesco con el rey.
Pese a su menor idoneidad, los miembros de la alta nobleza titulada asumieron la representación del rey en la mayoría de los reinos y provincias porque en este colectivo, la oferta de candidatos y el campo de elección fueron amplios. Por sus funciones, características y relevancia, el cargo resultaba muy atractivo para los linajes más distinguidos y para las facciones de mayor pujanza en la Corte Regia, éstos competían por ocupar una posición preeminente en el entorno real, de hecho, la obtención de un virreinato o una gobernación representaba un hito en la carrera política de cualquier aristócrata. En parte, porque tal experiencia resultaba decisiva para aspirar a una plaza en el Consejo de Estado, verdadero colofón de la carrera nobiliaria. Mediante la selección de candidatos más aptos, el monarca pudo ejercer una política a favor de las facciones y de linajes acordes con sus intereses, que contemplaba la satisfacción y la frustración de expectativas. 

- La Capitanía General y la Lugartenencia Real: desde temprano, el supremo delegado territorial del monarca combinó una doble dimensión: la político-administrativa, ligada a la lugartenencia real, y la militar, ligada a la capitanía general. El Lugarteniente real (nexo de unión entre la Corte Regia y un determinado territorio), era también el máximo responsable de la seguridad y la defensa de ese espacio jurisdiccional. El mando supremo sobre las tropas desplegadas era otra de sus atribuciones y el monarca se lo confería bajo el título de Capitán General (título que acumulaba junto al de virrey o gobernador). Originariamente, la jurisdicción civil y la militar habían estado separadas en algunos territorios, en especial los de la Corona de Aragón, pero el conflicto entre los titulares de ambas aconsejó que los virreyes y gobernadores acumularan la capitanía general desde el reinado de Carlos V, duplicidad jurisdiccional que también originó problemas.
La faceta militar del cargo adquiría mayor protagonismo en territorios fronterizos, como Cataluña, Nápoles, Sicilia o Cerdeña, y sobre todo en los más aislados y expuestos, como Milán y los Países Bajos. La organización de la defensa y, en múltiples coyunturas, la propia dirección de la guerra, resultaba ser la principal responsabilidad del lugarteniente del rey. En tales circunstancias, su relación con las autoridades políticas y judiciales ordinarias solía deteriorarse y en ocasiones lo que no podía hacer con fines políticos como lugarteniente del rey, trataba de hacerlo como capitán general, lo que generaba contestación por parte de los vasallos y de las instituciones locales.

Con todo, la fusión de ambas comisiones resultó más práctica que su separación, como demuestran algunos ejemplos tardíos de incorporación de la autoridad civil a la militar y de la militar a la civil, en los Países Bajos y en Portugal. Además, el mando supremo de los ejércitos más poderosos de la Monarquía fue asumido por alguno de estos lugartenientes, en especial, los de Milán y los Países Bajos. En ambos casos, las fuerzas militares consolidaron un aparato administrativo y financiero muy desarrollado, cuya gestión controlaba el capitán general con ingresos del propio territorio y recursos exteriores.

El control de los lugartenientes y de los capitanes generales, por la distinta naturaleza de sus atribuciones, se ejerció de modos diferentes, siempre superpuestos al recorte formal de sus facultades que suponían las instrucciones de gobierno, complementándose con otros controles en el doble ámbito de lo público y de lo privado. En el público, el rey contaba con una serie de organismos y de ministros reales específicos colocados cerca de su persona, en la cúpula gubernativa del territorio, con nombres y prerrogativas diferentes en cada reino o provincia (audiencias, concejos, etc.), en ocasiones capacitados para corregir y rectificar los actos del lugarteniente del rey. En ese caso, debían de ponerlo en conocimiento del monarca para su ratificación o impugnación. En el ámbito privado, su desempeño competía al personal que mantenía una relación más estrecha con el lugarteniente regio, sus colaboradores y su confesor. Si el lugarteniente era un príncipe de sangre, la supervisión de sus actuaciones se podía ejercer desde su casa, por medio de servidores de confianza del rey o del valido que vigilaran quiénes disfrutaban de su cercanía y, con ello, podían ganar su favor.

Los controles del capitán general se establecieron casi siempre en el ámbito hacendístico militar, pues en tiempo de guerra, éste disponía de ingentes sumas de dinero. El monarca delegaba en el capitán general la decisión sobre los pagos que hacía la Tesorería militar, pero reservaba para sí la definición de las grandes líneas de la política de gastos, mediante la remisión de órdenes específicas para orientarla, del mismo modo que la propia estrategia de cada campaña. Las amplias condiciones de la delegación permitían al capitán general desarrollar un amplio patronazgo en el seno del ejército y crearse, con dinero del rey, una clientela afecta ente sus subordinados, mediante la asignación arbitraria de pensiones, sobresueldos y complementos de cualquier naturaleza. Los reyes se esforzaron en contrarrestar y controlar la autoridad de sus capitanes generales mediante el establecimiento de Juntas de Hacienda y de Juntas de Guerra que condicionaban las decisiones del capitán general en materia de pagos, promociones y ascensos, organismos que establecían controles administrativos recíprocos. El monarca pretendía evitar con esto que sus capitanes generales pudiesen convertirse en caudillos, al tiempo que se aseguraba no perder el control sobre sus ejércitos, aunque la propia organización de las finanzas militares facilitaba estos contrapesos. En resumidas cuentas, los cargos, aunque con muchísimo poder, no podían actuar por su cuenta o traicionar al rey porque quien mandaba el dinero era el rey. 


4. La Corte provincial en los virreinatos como representación del rey


Para el desempeño de su función representativa, virreyes y gobernadores se servían de elementos simbólicos que dotaban a su entorno de la majestad propia del monarca. La reproducción de los códigos de comportamiento cortesano y la asunción del esplendor y solemnidad ceremonial y festiva en la Corte Regia funcionaban como mecanismo de legitimación adicional y contribuían a compensar la ausencia del soberano en cada territorio.
El aparato ritual y protocolario subrayaba su condición de alter ego real y satisfacía las expectativas y aspiraciones de los súbditos. Los grupos privilegiados contaban con un espacio propio y privativo para la exteriorización de su rango, la exaltación de su linaje y la sanción de su preeminencia social y política en el seno de cada comunidad.

Las Cortes virreinales eran una transposición de la Corte Regia de Madrid, desplegados alrededor del palacio del lugarteniente se situaban espacios centrales de poder, focos de atracción de las élites provinciales, que buscaban la cercanía del lugarteniente para obtener su favor, y como espacios lúdicos para la sociabilidad nobiliaria. El espectro de celebraciones cortesanas era amplio, comprendían solemnes actos públicos marcados por el calendario religioso general y local, festejaban los grandes acontecimientos de la Monarquía como las victorias y las paces, y solemnizaban episodios políticos y personales de la familia real y de la dinastía: funerales, nacimientos, esponsales, jera del heredero, viajes y entradas reales. 

En este tipo de actos, la participación era mucho más numerosa y las propias ciudades se convertían en escenarios de representación ceremonial y festiva, había desfiles, procesiones, cortejos y comitivas de variado signo que llenaban todo el espacio urbano implicando a todas las corporaciones ciudadanas (conventos, cofradías, gremios, tribunales de justicia e instituciones del gobierno local)... Tales despliegues escenográficos, promovidos por las autoridades locales, respetaban los criterios vigentes para jerarquizar la sociedad y reproducían su organización corporativa.  Lo cortesano era aún más importante cuando los virreyes o lugartenientes eran príncipes de sangre, entonces su Casa era una imitación de la Real y se llevaba además una política de mecenazgo artístico y cultural que enriquecía los territorios. 


5. Los tribunales del rey: consejos, chancillerías, audiencias


El rey se hacía presente en los miembros de su monarquía, también, mediante sus tribunales. La administración de justicia emanaba de él era uno de sus principales atributos, aunque delegase de forma ordinaria en los tribunales, con la complejidad añadida de que una sociedad de estamentos y cuerpos políticos privilegiados requería una pluralidad de jurisdicciones (real, señorial, eclesiástica, militar, consular, etc.) que se adaptase a esa realidad.
El rey constituía el referente y el motor último, por ello, dos grandes principios informaban su estructura: el de control jurisdiccional jerárquico y el de justicia retenida por el rey. En los tribunales reales se impuso el principio de colegialidad de los jueces, que adoptaban los acuerdos por mayoría de votos, cuyo nombramiento dependió siempre del rey y, al menos teóricamente, nunca se vendieron ni patrimonializaron. En cada reino, salvo excepciones, existía una estricta reserva de oficios a favor de los naturales, aunque en la extensa Castilla las posibilidades de promoción de los letrados eran mayores y la carrera más variada.
No se distinguía bien lo jurisdiccional de lo administrativo, por ello los tribunales habitualmente funcionaban divididos en salas especializadas: 
  • En unas los oidores juzgaban los asuntos civiles.
  • En otras los alcaldes sentenciaban los criminales. 
También intervenían como asesores legales en asuntos de Gobierno y en la elaboración de normas, lo que les confería un enorme poder al servicio del rey, o de su virrey o gobernador. 

Los Consejos territoriales en la Corte (Aragón, Indias, Italia, Portugal y Flandes), también impartían justicia. En el caso de Castilla, la justicia también se impartía en dos grandes Chancillerías, competentes al norte y al sur del río Tajo: la de Valladolid, reformada en 1489, y la de Granada, por traslado de la de Ciudad Real (1494-1505). En cada una de ellas trabajaban letrados superiores (oidores, alcaldes y fiscales), organizados en salas especiales (Civil, Criminales e Hidalgos, y de Vizcaya en Valladolid) además de “infraletrados” auxiliares (relatores, escribanos y procuradores) y personal subalterno (alguaciles). Por debajo estaban las audiencias de Galicia, de Sevilla y de Canarias, con alcaldes y oidores. Chancillerías y Audiencias, salvo excepciones, veían las causas en segunda instancia, como apelación desde las justicias ordinarias inferiores. De las Chancillerías, que eran tribunales supremos, solo cabía, en ciertos casos la suplicación a la sala de Mil y Quinientas del Concejo Real.

En la Corona de Aragón, las audiencias de Aragón y Cataluña (1493) se crearon a petición de las Cortes; las de Valencia, Cerdeña y Mallorca fueron decisión del rey, como en Castilla veían las causas de apelación de los tribunales inferiores. Las de Aragón y Cataluña eran supremas y ejercieron una gran autoridad oscureciendo el papel del tribunal de Justicia, la primera, y erigiéndose como intérpretes de los fueros en su labor de crear jurisprudencia, la segunda. 


6. El control del rey a los tribunales: visitas y residencias


El monarca supervisaba la actuación de sus tribunales y jueces ordinarios mediante otro tipo de jueces investidos con poderes excepcionales, autorizados por comisiones extraordinarias: Jueces pesquisidores, jueces visitadores y jueces de residencia. Los dos últimos fueron los más habituales en los siglos XVI y XVII. 

El juez visitador era un agente del rey provisto de una comisión que le facultaba para “visitar” los tribunales y ministros que ejercían su jurisdicción en un determinado lugar. Si la comisión se extendía a todos los asistentes en el territorio se trataba de una visita general, y si se circunscribía a una institución o magistratura en concreto, se trataba de una visita particular. Sus facultades eran dobles
  • Imponer coactivamente la ejecución de los andamientos que dictaba 
  • Iniciar el procedimiento por la vía inquisitiva, es decir iniciar un  proceso judicial sin necesidad de contar con denuncias o acusaciones previas contra los jueces y ministros visitados. 
Los visitadores no juzgaban, únicamente establecían cargos y sustanciaban la causa dejándola lista para sentencia, que fallaba un juez superior: los Consejos de la Corte o el propio monarca. De ahí que la ejecución de una visita no implicara necesariamente la suspensión de los jueces y ministros visitados en el ejercicio de sus oficios. La exigencia de responsabilidades a jueces y ministros reales era más propia de los Juicios de residencia. Los ministros del rey estaban obligados a dar cuenta de su actuación a título particular, por lo que eran residenciados al terminar el ejercicio de sus cargos. Generalmente, se iniciaban a instancia de parte y su finalidad principal era sustanciar las responsabilidades civiles y penales en que incurrieran los oficiales del rey durante el desempeño de sus cargos. Este juez sentenciaba para castigarlos por su incompetencia, su  falta de aplicación o su falta de equidad, y para compensar a los perjudicados. El fallo favorable y la absolución constituían un merito presentado por el residenciado al solicitar un nuevo destino.

Visitadores y jueces de residencia debían carecer de vínculos territoriales pero solían estar vinculados a facciones concretas en la Corte Regia. Ambos procedimientos degenerarían en meros ajustes de cuentas entre facciones, utilizados para facilitar el relevo de ciertas clientelas y grupos de poder. 


7. Ciudades y villas. Su forma de gobierno: corregidores, regidores y alcaldes


Desde una perspectiva territorial y en un primer escalón, las familias se agrupaban en comunidades que adoptaban varias formas: ciudades, villas y lugares, tierras y valles. Estas comunidades, desde antiguo, no dependían solo de privilegios reales y fueros, sino también de ordenanzas y concordias de elaboración propia, y de la costumbre. El derecho común les reconocía una amplia capacidad para organizarse y gobernarse por sí mismas y el rey debía velar exclusivamente por la justicia, salvaguardando el bien común y la paz. A un nivel superior, estaba el reino como comunidad de comunidades bajo el gobierno inmediato de un soberano.

En esta sociedad española donde la economía y las relaciones sociales estaban muy deterioradas, el gobierno local atendía, por sí solo, la mayoría de las necesidades inmediatas de los habitantes: los bienes comunes y baldíos, aseguraba el abastecimiento, respondía a las necesidades de instrucción, de sanidad, de beneficencia y defensa. Para organizar la vida en común gozaba de amplia capacidad normativa mediante acuerdos y ordenanzas, todo lo cual constituía el Gobierno económico. Sus formas concretas de organización era diversas y los reyes no pretendieron modificarlas, pudiendo supervisarlas a distancia. 

En Castilla (solo en este reino), al frente de las principales ciudades había CORREGIDORES designados por el monarca, mientras que en Navarra y la Corona de Aragón los tribunales reales vigilaban las listas de personas entre las que se sorteaban los cargos. Las comunidades, sobre todo las más ricas, se gobernaron por sus élites naturales con una autonomía muy amplia. En general, el gobierno local de Castilla resultaba más aristocrático y más influenciable por el rey el de Aragón, donde la representación burguesa y artesana y la autonomía se mantuvieron vigorosas. Pero en ambos casos existe una misma tendencia a una oligarquización creciente en las principales ciudades.
Los corregidores se difundieron en Castilla con los Reyes Católicos, eran delegados del rey, que los enviaba por un tiempo limitado, habitualmente tres años. Participaban en el gobierno de las grandes ciudades y de algunas tierras y provincias: hubo entre 60 y 80 corregidores, dependientes del Consejo de Castilla. Su función de control administrativo y político sobre los regimientos aumentó, sobre todo en las ciudades con voto, vigilaban los ingresos y gastos, inspeccionaban pesos y medidas, intervenían en el ajuste de los precios de mercado, procuraban el orden público y la moralidad, y eran responsables de la seguridad militar en los territorios de frontera y costas. Presidían el Regimiento para autorizar y ejecutar los acuerdos. Recibían su salario de las rentas de la ciudad y encabezaban una reducida administración formada por tenientes, alcaldes y alguaciles.

Por debajo de los corregidores teníamos a los REGIDORES, que salvando las distancias podría ser hoy en día los concejales. En Castilla, desde las reformas de Alfonso XI (siglo XIV), se había extendido el sistema de regimiento frente al antiguo concejo abierto, el regimiento era una corporación con un número limitado de entre 10 y 30 regidores que ejercían todo el poder. Las regidurías eran vitalicias y renunciables, es decir, no tenían límite temporal y se podían transmitir por herencia o, incluso venderse, así la defensa de los intereses vecinales quedó muy restringida, sobre todo al sur del Tajo. Junto a los regidores coexistían los jurados, también patrimonializados desde el siglo XVI.

Los ALCALDES, por último, eran quienes administraban la justicia ordinaria en primera instancia, solían ser cargos anuales, elegidos por la comunidad, sin una particular cualificación técnica, y nombrados por el corregidor, y en Navarra por el virrey. El alcalde actual no tiene nada que ver con el de la Edad Moderna, porque el de la Edad Moderna era simplemente como un juez local.

En la Corona de Aragón (y también en Navarra) el sistema habitual a la hora de elegir los cargos de gobierno descansaba en la insaculación. Los cargos se renovaban anualmente mediante la extracción de bolas o teruelos, por la mano inocente de un niño. De ahí el nombre "insaculación", porque las bolas se sacaban de una especie de saco. Ser sorteado en una u otra bolsa dependía de la calidad de la persona. En general, la nobleza estuvo excluida del gobierno ciudadano hasta principios del siglo XVII. No existía la figura del corregidor en Aragón o Navarra, por lo que el control regio era menos directo y permanente. El rey debía aprobar, y podía modificar las listas de insaculados que se aprobaban y las audiencias y el Consejo Real, también el de Navarra, enviaban jueces insaculadores para actualizarlas o corregirlas. 

En fin, con esto terminamos la presente entrada. En la próxima comenzaremos a hablar de la sociedad: los distintos estamentos y sus privilegios, y las clases sociales. ¡Hasta la próxima!

¡Feliz Jueves!  - Hacer historia, aprehender la historia, aprendes la historia
25/Agosto/2016